Al final de la jornada del domingo pasado, el gobierno de España parecía desbordado por los acontecimientos, una sensación que se hizo más intensa en los días siguientes, cuando los independentistas, espoleados por las portadas de la prensa internacional e incentivados por el ejecutivo catalán para aumentar el impacto de la huelga general, se lanzaron a la calle a protestar por la actuación policial y festejar la afluencia a las urnas, a pesar de todo, y lo que presumían era una victoria del "sí" a la fundación de un estado catalán.
La euforia, sin embargo, se esfumó pronto. La firmeza del gobierno estatal, el severo reproche del Rey dirigido expresamente a los estrategas del proceso, el traslado de grandes empresas y, sobre todo, la decidida reacción de la sociedad española en el momento más crítico, que ganó adeptos rápidamente, provocaron un cambio patente en el clima político del país. Hoy, el gobierno español ha recuperado la iniciativa, sin moverse del sitio, aparece fortalecido en su actitud de neutralizar las acciones del independentismo, recurriendo a la fuerza solo cuando sea de estricta necesidad, y ha conseguido trasladar las dudas al campo soberanista, donde empiezan a verse fisuras a propósito de las decisiones que habrán de tomar de inmediato sus dirigentes. El hecho más relevante de los últimos días es un cierto consenso que ha ido tejiéndose entre los ciudadanos y en la sociedad civil en torno al rechazo rotundo del plan separatista, tal como está siendo ejecutado por las autoridades catalanas.
Se suceden las propuestas de diálogo, en todas sus variantes, pero tropiezan con la negativa del gobierno, al menos mientras las instituciones políticas de Cataluña no respeten el orden constitucional. En el punto al que ha llegado esta crisis, resulta casi inevitable que haya un ganador y un perdedor, porque el desafío ha sido planteado en esos términos y los actores enfrentados son muy conscientes de que las consecuencias políticas se repartirán según el signo que tenga el desenlace para cada uno de ellos. Todo indica que a día de hoy los soberanistas se encuentran más cerca de la derrota y que el equipo de Rajoy no está dispuesto a concederles ningún paliativo ni un premio de consolación por su comportamiento.
Podremos verlo después de la comparecencia parlamentaria en la que Puigdemont explicará las conclusiones que ha extraído de los resultados de la votación publicados por la Generalitat. No sabemos quién, dónde y cómo se han contado los votos. Sí está comprobado que el escrutinio definitivo, lo mismo que ocurrió con el provisional, no cuadra. Aún así, dando por buenos los datos, los partidarios de la independencia son más del 90% de los que entregaron la papeleta, pero no llegan al 40% del censo utilizado para la votación, un resultado que puede ser utilizado para justificar cualquiera de las posibles opciones a seguir. Los nacionalistas moderados estiman que la propuesta secesionista ha recibido un respaldo insuficiente y que precipitar ya una declaración de independencia sería un error que les llevaría más adelante al fracaso. Los independentistas más resueltos, por su lado, consideran que la ocasión es única y que abrir un compás de espera causaría una gran decepción y quizá la desafección de muchos simpatizantes del proceso emprendido hace casi una década. El tiempo corre ahora a favor del gobierno de Rajoy, bien pertrechado de recursos legales y políticos, que está listo para interponerse en la trayectoria del gobierno catalán y dejar sin efecto la eventual proclamación de Cataluña como república independiente, sin esperar ya a recibir el apoyo del PSOE, pero contando con el asentimiento de numerosos dirigentes históricos y actuales de este partido.
Se acercan las horas decisivas del pulso con el que los independentistas catalanes han desafiado al estado español y la incertidumbre, aunque todavía es mucha, se ha reducido bastante desde los inquietantes sucesos de días pasados. Lo veremos a continuación de la sesión del parlamento catalán convocada para la tarde del martes. A una declaración de independencia, que Rajoy quiso evitar desbaratando la celebración de una votación con apariencia de referéndum, respondería el gobierno español poniendo el punto y final definitivo al proceso, que no podría continuar, según tenía planeado la coalición independentista, con la redacción de una constitución. De no haber tal proclamación, Puigdemont, de acuerdo con la suspendida ley de Referéndum a la que se ha vinculado, debería anunciar la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas. En dicha situación, sería la única salida lógica. La política catalana entraría así en una fase distinta, con dos incógnitas. Una, el grado de conflictividad que tendrá a partir de ahora el contencioso que ha originado esta crisis. Y otra, la configuración del sistema de partidos. En relación con esto último, la pregunta es si cabe alguna posibilidad de que Ciudadanos, PSC y PP gobiernen juntos, en el caso de que entre los tres sumaran escaños suficientes para formar una mayoría parlamentaria.
Pero también Rajoy podría sentirse tentado a aprovechar una coyuntura propicia y acortar una legislatura que se le está poniendo, en otro orden de cosas, muy cuesta arriba. Y entonces, dependiendo de los resultados electorales, el asunto podría consistir de nuevo en ver hasta dónde están dispuestos a llegar el PSOE y Podemos en sus difíciles relaciones. Porque la cuestión catalana ha vuelto a poner distancia entre ellos y, especialmente, entre el PSOE y los partidos nacionalistas.
