La crisis institucional de Cataluña es el primer punto en el orden del día de la política española. Todo confluye en su devenir. Mucho más en los días decisivos que estamos viviendo. La declaración retórica improvisada por Puigdemont para responder a las presiones en medio de una inusitada expectación ha evitado una posible catástrofe, pero provocó en los entusiastas nacionalistas una amarga decepción. Es muy improbable que tras el paréntesis abierto las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hace solo una semana. En la sesión de ayer en el Congreso, los portavoces nacionalistas anunciaron, entre quejas y advertencias, que pasaban a la resistencia. La iniciativa ahora está en manos del gobierno español, que se muestra decidido a ejercer su autoridad con todas las consecuencias.
En su discurso, en el que recordó lo obvio, aquello que una sociedad con cultura democrática debe tener siempre presente, y dejó algunas frases para la historia, Rajoy certificó la derrota del independentismo. Y de lo que dijo en su segunda intervención se infiere que no está dispuesto a hacer concesiones que faciliten un repliegue meramente táctico de los dirigentes a los que responsabilizó de planear la secesión, ocasionando una grave crisis a nuestra democracia. Comunicó al pleno que en un plazo breve y preciso Puigdemont debe aclarar sus intenciones y retroceder hasta el momento anterior a la aprobación por el parlamento catalán de las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, con lo que las autoridades de la Generalitat están obligadas a renunciar a su objetivo, so pena de caer bajo los efectos del tantas veces mentado artículo 155. En cualquier caso, el fin a la aventura independentista parece cercano.
Siguiendo una estrategia bien conocida, el presidente del Gobierno quiso cerrar todas las puertas a las pretensiones de los soberanistas. Ante las numerosas peticiones de diálogo, la palabra talismán de la sesión parlamentaria, tuvo el cuidado de acotar las posibilidades de un acuerdo sobre el problema catalán. Excluyó la celebración de un referéndum de autodeterminación y, aunque ofreció la vía de la reforma constitucional, no vaciló en afirmar que España no se rompería mientras todos los españoles no lo decidieran.
Para Rajoy, el límite de una negociación es el marcado por el texto constitucional y por eso reclamó la presencia de nuevo de un nacionalismo catalán moderado y pactista.
Y aquí está el meollo de la cuestión. Para que un diálogo resulte fructífero son necesarias unas condiciones que en la actualidad no se dan. Por un lado, el gobierno español esquiva el problema que constituye la existencia en Cataluña y País Vasco de una demanda amplia de independencia, soberanía o autodeterminación. Y, por otro lado, los partidos nacionalistas, a los que se ha unido circunstancialmente Podemos, no admiten las restricciones que impone el orden constitucional vigente, como demuestra la actuación de los independentistas catalanes, que debían haberse frenado antes de infringir las leyes.
Para entablar una negociación que lleve a algún sitio hará falta reconocer que tanto la Constitución como la aspiración soberanista, siendo de naturaleza bien distinta, forman parte de la realidad política de España.
La crisis catalana ha perdido el cariz agónico que había tomado, pero aún no está resuelta. Todo depende de la respuesta de Puigdemont al requerimiento del gobierno español. En todo caso, sería iluso suponer que la cuestión catalana va a evaporarse en las próximas semanas. Sus dirigentes, al menos de palabra, mantienen el pulso.
No obstante, disponemos de un tiempo muy valioso para comprobar si el independentismo se mantiene unido, pierde efectivos o se petrifica, y para calibrar el impacto que tendría un cambio en el liderazgo del nacionalismo catalán, que no es descartable. El independentismo sale derrotado de esta crisis, pero la cuestión catalana ha conseguido una enorme proyección internacional y la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña ha dejado de ser algo impensable en España.
