A la fractura social irreversible, diría yo, que ha generado el movimiento independentista en Cataluña se une también la fuga de empresas que han cambiado su sede social y también fiscal fuera de esta comunidad autónoma por la inseguridad jurídica ante una eventual declaración de independencia, que supondría de facto la nacionalización de todas las empresas, la salida del euro y dejar de estar bajo el paraguas del Banco Central Europeo.
Pero por si esto fuera poco, el Gobierno de la Nación va a rebajar la previsión de crecimiento de la economía española para el próximo año en varias décimas del PIB, lo cual va a repercutir también en el aumento de la tasa de desempleo.
Las principales agencias de calificación crediticia han advertido igualmente que la administración catalana, cuya solvencia se compara ya con Senegal, no podrá financiarse en el mercado si se desconecta de España, lo cual quiere decir simple y llanamente que no podrá obtener liquidez.
Ante este panorama desolador para Cataluña, pero también para el resto de España, los anticapitalistas de la CUP y Junts pel Si siguen adelante con su plan independentista, pidiendo al president Puigdemont que no dé un paso atrás. Un paso que de darlo va a conducir al abismo y nos va a arrastrar a todos con él.
