En junio pasado, al cumplirse diez años de la toma del control de Gaza por los islamistas radicales de Hamás, numerosos observadores expresaron su temor a que el grupo palestino, ante la degradación creciente de las condiciones de vida en la Franja, optara por la huida hacia adelante e iniciase una confrontación abierta con Israel antes de fines de año. Sin embargo, apenas tres meses después, mediado septiembre, Hamás y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) alcanzaron un acuerdo que, de tener mejor vida que sus predecesores de 2011 y 2014, abriría la puerta a una incipiente aunque frágil unidad y hasta permitiría la convocatoria de elecciones generales. La opción bélica parecería alejarse, aunque la negativa de Hamás a desarmarse sigue alimentando escepticismos. Los palestinos no han celebrado legislativas desde que en 2006 las ganó, precisamente, Hamás. Esa victoria instauró una bicefalia palestina, con el Gobierno en manos de los islamistas y la presidencia de la ANP en las tradicionales de Al Fatah, el núcleo duro de la OLP. Y la bicefalia desembocó en la guerra civil que en 2007 acantonó a Hamás en su feudo de Gaza y confinó a Fatah en Cisjordania. En 2011, al calor de las revueltas árabes, se aproximaron las posiciones pero no se logró que los acuerdos cuajaran. Los pactos se recuperaron en 2014, por mediación catarí, y hasta llevaron a un gobierno de unidad. Pero el nuevo ejecutivo fue yugulado por 50 días de cruda ofensiva israelí contra Gaza, saldada con unos 2.200 palestinos muertos, 10.000 heridos y medio millón de desplazados. ¿Ha habido desde entonces algún cambio relevante que permita augurar mejor vida al actual entendimiento? Todo parece indicar que sí, tanto en la propia Franja como entre los apoyos internacionales de Hamás. La tensión entre la ANP y la administración islamista de Gaza, que sufre el bloqueo de sus pasos fronterizos con Israel y Egipto, se disparó tanto que, en 2016, Hamás convirtió el control de hecho del territorio en una administración independiente. La respuesta de la ANP, que esta vez contó con la complicidad de Israel, fue fulgurante: cortes de electricidad de 16 horas diarias, que además impiden desalinizar el agua; caída del 30% de los salarios del funcionariado gazací; supresión de ayudas a los presos de Hamás en Israel y hasta recortes en la financiación de medicamentos esenciales. Fue en ese contexto cuando los analistas empezaron a temer que Hamás iniciase una campaña de ataques con cohetes a Israel. Pero lo que llegó fue una tentadora mediación de Egipto -alentada por los israelíes- que, a cambio de los acuerdos con la ANP, ofreció relajar el bloqueo fronterizo. En el exterior, los Hermanos Musulmanes, el principal referente árabe de Hamás, han agravado la postración iniciada con su desalojo de la presidencia egipcia por el golpe de 2013. Catar, gran financiador de la Franja, está sumido desde junio en un choque con el resto de las petromonarquías, que repudian su apoyo a grupos como Hamás, calificado de terrorista por la UE y EE UU, y su escasa hostilidad hacia Irán. En cuanto a Turquía, y al propio Irán, que otras veces han socorrido a Hamás, se agitan en enredadas madejas que les aconsejan mirar hacia otro lado. Así pues, doblegados dentro y abandonados fuera, los islamistas palestinos se han visto abocados a un horizonte de mera supervivencia que añade fragilidad al ya de por sí difícil pacto. De ahí que la, por otro lado esperable, renuncia de Hamás al desarme exigido por Israel y la ANP alimente todas las incógnitas sobre el acuerdo.
