Este jueves estaba marcado en el calendario de mucha gente interesada en lo que viene sucediendo en Cataluña: los miembros de la Mesa del Parlament, con la presidenta del mismo, Carme Forcadell, a la cabeza, declaraban ante el Tribunal Supremo para dilucidar si cabía imponerles medidas cautelares, y de qué tipo. En el recuerdo, muy cercano, los exconsellers encarcelados sin remisión por la "justicia guerrera" de la Audiencia Nacional.
Por fortuna, no se repitieron los argumentos (sólo algunos) ni -sobre todo- las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional que decidió meter en prisión a Oriol Junqueras y a medio Govern destituido de Cataluña. En una decisión mucho más proporcionada, el juez del Supremo Pablo Llarena decretó libertad sin fianza en un caso (Joan Josep Nuet, opuesto a la independencia), y prisión preventiva eludible bajo fianza en los demás casos. En uno de ellos, el de Carme Forcadell, de mayor cuantía que los demás, lo que explica que pasara una noche en la cárcel.
Esta decisión reviste enorme significación en términos tanto jurídicos como políticos. Implica que, previsiblemente, el juicio a los responsables de la Declaración Unilateral de Independencia contará con las mínimas garantías procesales; que, si el Tribunal Supremo asume toda la causa en su conjunto, tal vez estas mismas garantías se puedan hacer extensivas a los exconsellers hoy encarcelados (que podrían salir de la cárcel asumiendo una fianza); y que, en tal caso, tal vez las elecciones del 21 de diciembre puedan darse en un escenario de relativa normalidad.
Es interesante recordar qué había sido del independentismo justo antes de que irrumpiera en el escenario, cual elefante en cacharrería, la Audiencia Nacional: la DUI demostró que no había ningún plan por parte de los independentistas, salvo en el orden propagandístico-electoral: escenificar actos y declarar proclamas rimbombantes, pero sin contenido práctico. Una DUI simbólica, como el jueves declararon ante el juez los miembros de la Mesa del Parlament. Una DUI que no dio paso a las estructuras de Estado que se supone llevaban años preparándose (en teoría, las preparaba el mismo vicepresidente Junqueras que vio impertérrito cómo 2000 empresas salían de Cataluña como efecto directo de la estrategia independentista).
Los independentistas declararon la DUI y se fueron de fin de semana. A la espera, fundamentalmente, de que llegase la represión del Estado español. El expresident, Carles Puigdemont, llevó esta lógica hasta el extremo, "exiliándose" en Bélgica. Si el relato exige escenificar un heroico enfrentamiento frente a un Gobierno franquista, hemos de contar con el necesario componente de internacionalización: un "contubernio de Bruselas" para denunciar la violencia y autoritarismo consustanciales al Estado.
El problema de esta estrategia es que, tras sólo unos días, comenzó a hacer aguas por todas partes. Las soflamas victimistas de Puigdemont en Bruselas no fueron bien acogidas prácticamente por nadie; bien al contrario, fueron abundantes las críticas en algunos medios internacionales de referencia, e incluso (mucho peor) las burlas, a su pretendida condición de exiliado político. En Cataluña, los partidos independentistas asumieron con sorprendente celeridad no sólo el 155, sino también las elecciones convocadas por Rajoy.
Una reacción que, hay que decirlo, sin duda contribuyó a rebajar notablemente la tensión y a tender puentes para volver a la normalidad. Por más que se hablase de República catalana, y con la extemporánea excepción del expresident "exiliado", la verdad es que la DUI era vista como un brindis al sol, una declaración simbólica, y se obraba en consecuencia. Un fraude a los millones de personas a los que se les había hecho creer lo contrario, pero un paso en el camino de la distensión, tras las insoportables semanas previas.
Y en esto llegó la Fiscalía con sus exigencias de prisión incondicional por rebelión y la jueza Lamela accediendo con entusiasmo a dichas exigencias, y revitalizó una causa independentista que en apenas unos días había perdido fuelle a ojos vistas. El discurso de los independentistas, su pretendido enfrentamiento con un Estado español autoritario y que utiliza la ley con propósitos políticos, recuperó vida, porque no otra cosa (unas medidas abusivas, autoritarias, y claramente politizadas) fue lo que les ofreció en bandeja la Audiencia Nacional. No es sólo la amenaza de los 30 años de cárcel, sino la manera de amenazar y de ejecutar las amenazas.
Por eso, cualquier demócrata debería alegrarse de constatar que, en el Supremo, por el momento, parecen decididos a aplicar justicia, no venganza. Lo cual no quiere decir que los autores de la DUI, aunque fuera una DUI ·simbólica», tengan que salir absueltos del caso (es muy poco probable que así sea, de hecho). Pero sí que la sentencia que se les aplique sea proporcionada y ajustada a Derecho. Lo mínimo que cualquier ciudadano debería exigir de su ordenamiento jurídico; y también los independentistas, incluso los que han perpetrado golpes de Estado "con una sonrisa", tienen derecho a ello.
