12 de noviembre de 2017
12.11.2017

No escarmientan

12.11.2017 | 04:15
No escarmientan

"Pero nunca escarmientan, por eso siempre están odiándose unos a otros en perpetua guerra inútil, víctimas de sus equivocaciones, de su falta de conciencia, de su escasa decisión por ascender a la espiritualidad del bien, de la verdad y de la belleza". Antonio Domínguez Hidalgo (México, 1970)


No escarmentarán. Mientras el volcán catalán atravesaba momentos álgidos -medio Govern a prisión y el otro medio al exilio en Bruselas- el gobierno de Mariano Rajoy encontraba tiempo para recurrir ante el Tribunal Constitucional dos leyes valencianas. Una, la regulación de la función social de la vivienda -en línea con el precepto constitucional que garantiza un hogar a los ciudadanos- y la otra, para atender la pobreza energética en las familias más necesitadas -una obra de caridad-. El diputado Antonio Montiel de Podemos dice que "es una falta de comprensión del Estado de las autonomías. El objetivo último es que los gobiernos autonómicos se autocensuren".

- Recentralizar. Estos dos recursos se suman al recientemente admitido por el Alto Tribunal contra la ley valenciana de senadores, que el PP considera un atropello, al plantear las obligaciones de los senadores territoriales con las cámaras que los designan y que podrían revocar su nombramiento. ¡Qué menos! El gobierno central, en plena efervescencia del conflicto autonomías-Estado, sigue beligerante contra lo que considera invasión de sus competencias. Del mismo modo lo ha hecho con seis comunidades autónomas donde ha cuestionado su ley de vivienda. Las tres últimas periféricas: País Vasco, Catalunya y Comunitat Valenciana. Un ataque en toda regla al Estado de las Autonomías, pilar de la Constitución.

- Corrupción. La corrupción emerge de nuevo, al mismo tiempo que el expresident Puigdemont y el bloque soberanista catalán enturbian la imagen internacional de España desde Bruselas. Dos comparecencias impactan en la línea de flotación del partido que sustenta al gobierno español con el apoyo de Ciutadans, de Albert Rivera -aupado por José María Aznar- y la abstención o respaldo del PSOE, que lidera Pedro Sánchez, para la aplicación del 155. La paralización legislativa ha venido impuesta por la refriega territorial, con el desistimiento del PNV de Urkullu -contrario a la intervención de Catalunya- para apoyar la aprobación de los Presupuestos del Estado 2018. Vuelven a ser trampantojo de trueque los votos de los diputados valencianos.

Demoledoras han sido las afirmaciones de la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell, sobre el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, al afirmar que "ha quedado plena y abrumadoramente acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular, de la que son partícipes secretarios y tesoreros. Constituye un atentado directo contra el Estado de Derecho" ligado a una larga letanía de figuras delictivas. Reiteradas y prolongadas en el tiempo utilizando una "red parasitaria" en las administraciones públicas. Estas acusaciones en cualquier país democrático (Reino Unido, Francia o Alemania) habrían ocasionado la caída inmediata del Gobierno del partido político encartado. Faltaban las manifestaciones en el Congreso del inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, formado en el FBI. Califica de "corrupción en estado puro" las trapacerías investigadas en el caso Bárcenas y las listas de dinero negro, donde aparecen -afirma Morocho- Federico Trillo como receptor de sobresueldos, del mismo modo que indiciariamente, Francisco Álvarez Cascos y Mariano Rajoy. A raíz de estas pesquisas la UDEF ha sufrido siete querellas de dirigentes del PP que él considera "intento de descalificar al investigador". Juan Cotino y Ricardo Costa entre los denunciantes intimidadores.

- Impunidad. A los españoles les duele asimilar que el partido político que se autocalifica de garante del cumplimiento de la ley, aparezca implicado en actividades al margen de la legislación vigente. Escándalo mayúsculo en la actual situación creada a partir de la aplicación del artículo 155 en Catalunya, que ha agravado la crisis de Estado. Las zonas de penumbra afectan a la credibilidad del sistema político español. Se han celebrado en los últimos veinte años convocatorias electorales en las que varios partidos políticos han concurrido financiados—sus estructuras y sus candidatos-- con fondos de origen ilegal o delictivo. Mediante una "red parasitaria" que ha minado la imagen y el prestigio de las administraciones públicas. ¿Si es así, el Gobierno es legítimo?

Y ha llegado la felonía por parte del elegante ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, encargado de seducir a los valencianos, al supeditar la financiación justa para la CV a la aprobación de los Presupuestos del Estado, por parte de los diputados de la CV en el Congreso. Indigna tanta mediocridad y sordidez a la hora de socavar la estabilidad y el autogobierno de las comunidades autónomas. El despotismo intransigente y suspicaz con el País Valenciano chirría frente a la laxitud y la complacencia en prácticas corruptas en las que participan partidos políticos (PP,CiU,?) a título lucrativo. Si este talante conforma la ideología neoliberal, el liberalismo tiene un problema de comportamiento y de adscripción. Cuesta creer en la libertad para delinquir. No todo vale.

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