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Julio Monreal

Una financiación justa para un pueblo con futuro

La revisión del modelo de financiación autonómica que se inicia esta semana en España cuenta desde ayer con una agradable novedad: la unión de la sociedad valenciana en torno a una causa que llenó como hacía mucho tiempo que no ocurría las calles de València. La patronal autonómica CEV, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y las 200 organizaciones políticas y sociales que secundaron el manifiesto en favor de una financiación estatal justa para la Comunitat Valenciana pueden estar satisfechos de la acogida que ha tenido su llamamiento. Todos los partidos parlamentarios excepto el PP; algunos extraparlamentarios, incluso varios no deseados; y colectivos de toda índole se movilizaron para expresar su queja por la persistencia de un injusto reparto de fondos del Estado, que asigna al pueblo valenciano menos dinero del que necesita para cubrir sus necesidades de atención y servicios; lo mantiene en los últimos lugares de todas las clasificaciones de distribución de entregas y sin embargo le cobra gastos como si estuviera ante una autonomía de acaudalados y despreocupados contribuyentes.

No es verdad que la manifestación por una financiación justa para la Comunitat Valenciana no fuera contra nadie. Al margen de los pronunciamientos de conveniencia de sus promotores e impulsores, primero para lograr que se sumara el PP y después para sumar el máximo apoyo social posible, los asistentes a la marcha acudieron con Senyeras y con banderas de sus organizaciones para protestar contra actitudes como las de quienes desde el Gobierno de España exigen que quien quiera más fondos ha de apoyar con sus votos los presupuestos del Estado; quienes para reconocer un derecho bien ganado reclaman que se renuncie a un cuerpo doctrinal político y social distinto del que entrega la dádiva; de los que ofrecen una limosna a cambio de que cese la discrepancia.

El Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra ha ido tejiendo con sus discursos y sus presupuestos, puntada a puntada, la pancarta de la infrafinanciación y la infrainversión que sufre la Comunitat Valenciana desde hace quince años. Y los empresarios y los sindicatos han decidido finalmente agarrar la tela con sus manos y recorrer las calles para protestar.

Porque aunque pueda parecer algo distante, cosa de pelea de políticos, las estrecheces financieras derivadas del reparto injusto llegan a todos los ciudadanos, a todos los rincones. Como han subrayado el líder de la patronal autonómica Salvador Navarro y los secretarios de UGT y CCOO Ismael Sáez y Arturo León desde las páginas de Levante-EMV y hasta la saciedad, el injusto estrangulamiento económico impide que fluyan el progreso y el empleo, así como unos adecuados servicios públicos en campos como la educación, la sanidad, la atención social o la justicia. Si la Administración autonómica no recibe los fondos que necesita para gestionar lo que el Estado le ha encomendado (el Estado, sí, la organización articulada en la Constitución de 1978 y su desarrollo posterior), no podrá desplegar una política eficaz de apoyo a las empresas, y éstas estarán en peores condiciones que las vascas o las madrileñas, por poner dos ejemplos, a la hora de competir y de proporcionar empleos estables y de calidad a sus trabajadores. El aleteo de una mariposa en los pasillos del Ministerio de Hacienda puede provocar a orillas del Mediterráneo una ola de perfumada confianza o un tsunami de devastadoras consecuencias que a veces no se ven con las gafas de cerca. La posición del Gobierno de Mariano Rajoy de dar largas a la reforma del sistema alimenta una insana competencia entre autonomías, una guerra en la que la Comunitat Valenciana sale perdiendo sin razón. Y no se trata de que el Estado quite a una comunidad para darle a otra; se trata de que el Estado ponga más dinero sobre la mesa, unos fondos que hasta ahora se reserva para sí y reparte a veces con criterios clientelares o de afinidad política. Si desde Madrid se aporta dinero del FLA para pagar las facturas de los servicios públicos y los proveedores de algunas comunidades parece evidente que ese mismo dinero podría y debería ser transferido para que su gestión se produzca desde donde se ven los problemas más de cerca. El FLA es la prueba misma de que se puede y se debe transferir más.

No es que la infrafinanciación se vea ahora y antes no; los gobiernos del PP de Camps, Olivas y Fabra también la sentían, y la denunciaban, especialmente cuando el socialista Rodríguez Zapatero era el inquilino de la Moncloa. Cosas del juego político que a veces desvirtúa las causas importantes y de fondo a base de meterlas en el saco de la ropa sucia de todos los días.

Al PP de Isabel Bonig le ha debido costar mucho no sumarse a la manifestación. Desde que ella dirige el partido conservador ha emitido algunas señales que indican que no se conforma con decir amen-jesús delante de los suyos de la capital del Reino, y eso le ha costado broncas e incluso que se cuestionara su liderazgo. Los populares se esforzaron ayer más que nunca en estar ocupados en cosas, con tal de no prestar atención a la multitudinaria manifestación de València, pero esto también va con ellos. Dicen que la financiación se negocia en los despachos, no tras las pancartas, pero son rehenes de su propia actuación en asuntos como la reivindicación del trasvase del Ebro y el ´agua para todos´. Entonces eran ellos los que sujetaban las telas con lemas, acompañados de algunos empresarios que anoche se echaban a la calle, y los partidos y sindicatos de izquierdas eran los que se esforzaban por parecer indiferentes a la reclamación. Es la fastidiosa dinámica de la diferencia entre lo que se pide desde el gobierno y desde la oposición.

Tras la gran demostración de fuerza y cohesión de la marcha de anoche no se acaba nada, empiezan nuevos retos. A quienes no ven más allá de la M-30 habrá que trasladarles como ellos puedan entender el mensaje de unidad de un pueblo que exige un trato justo sin gritos, estridencias ni amenazas de rupturas. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar en la Comunitat están ahora más obligados que ayer a gestionar los recursos, los que hay y los que vengan si llegan, con equidad, justicia y sobre todo eficacia, sin dejar que se escape un solo euro por las rendijas de la desatención o el desánimo. Y quienes se han sumado a la marcha, como promotores o simples asistentes, habrán de velar para que toda esta ola de justa reivindicación no muera contra un muro de insolidaridad y frustración.

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