Las comunidades autónomas (CC AA) no forales (las forales disfrutan de un chollo a costa del resto de españoles) trabajan con un sistema de reparto supuestamente basado en las necesidades fiscales de cada una de ellas. A tenor de la manifestación del sábado, los valencianos podríamos estar en manos de una Administración central que se equivoca gravemente cuando se aproxima, pondera y agrega en el tiempo, las necesidades de la Generalitat. Lo cierto es que sucesivos modelos de reparto autonómico se han venido perpetuando sin evaluación de resultados, estando siempre orientados a preservar un statu quo definido hace años, con CC AA beneficiadas a costa de otras.
Hoy sabemos de la enorme debilidad de la arquitectura del Estado de las Autonomías. Durante demasiados años las CC AA han vivido en la contradicción de intentar aunar uniformidad y descentralización. Ha llegado el momento de optar por una de ellas. Si se habla de uniformidad, las propias CC AA deberán redefinirse y la descentralización pierde buena parte de su razón de ser; al contrario, si se refuerza el papel fiscal de los gobiernos autónomos a causa de las importantes diferencias existentes entre los territorios de España, la uniformidad es poco menos que imposible.
Si fuera ciudadano suizo, propondría un referéndum para tener una respuesta sobre el objetivo más valorado por los españoles y así podríamos encargar, a quien corresponda, un diseño adaptado a la opción elegida. Ello obviamente después de explicar la contradicción que sufrimos y que quizás se justificó en aras a la transición, pero que ahora su falta de no resolución se ha convertido en severamente tóxica. Para la convivencia pacífica entre españoles, es urgente que optemos entre un modelo basado en necesidades fiscales de las CC AA o en uno anclado en sus recursos fiscales. Necesidades y recursos son categorías distintas que desgraciadamente no casan en el mapa autonómico.
La primera opción, repartir en función de las necesidades a la búsqueda de la uniformidad, obedece al legitimo principio de «solidaridad entre los hombres y las tierras de España». Este es un principio que la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, decidió retomar con determinados retoques. En la práctica, significa que las CC AA serían un mecanismo para cubrir necesidades públicas, con lo cual los gobiernos autonómicos estarían sobredimensionados ya que, en principio, si de uniformizar hablamos, una administración central eficiente daría más garantías de igualdad, al no pasar por intermediarios políticos territoriales. El punto débil de esta visión es la fuente constante de malos entendidos, no siempre bien intencionados. Lo cierto es que la búsqueda de la uniformidad a la corta o a la larga va a suponer una recentralización.
Si se busca la uniformidad, la correspondiente nivelación redistributiva por la que la asignación de recursos acaba otorgando igual capacidad de gasto (para hacer frente a las prestaciones fundamentales del estado de bienestar) cuando las contribuciones fiscales de los habitantes de los distintos territorios son diferentes, es un difícil ejercicio de solidaridad. Nivelar excesivamente servicios que son universales es arriesgado. La solidaridad radica en el acceso de las personas a los servicios públicos, no en la igualación de la renta. Hemos experimentado que nivelar no es sustituto de desarrollo regional. Redistribuir recursos sin incidir en las causas que generan la desigualdad; crear empleo público y no desarrollo económico, no tiene fundamento ni de eficiencia, ni de equidad, y menos crear economías que dependen de la existencia de una redistribución en ocasiones desnortada. Como escribió uno de los expertos: «Penalizar en negativo las asignaciones de los que más aportan tiene mala justificación teórica, es ineficiente en la práctica, va contra la idea de servicios universales, y en todo caso resulta de difícil cumplimiento».
La segunda opción está basada en buscar un equilibrio entre lo que una autonomía pone en la cesta, con lo que recupera de ella. Ello supone decidir, como Estado solidario, cuánto vamos a poner entre todos para luchar contra los desequilibrios existentes. El principio que soporta esta descentralización solidaria se basa en que son los ciudadanos quienes finalmente son los beneficiarios del gasto y quienes también pagan los impuestos. En contextos de federalismo fiscal lo hacen a diferentes administraciones, que los representan, que los gestionan desde sus competencias con una financiación pactada que no depende de transferencias de un gobierno central más o menos amigo. El punto débil, especialmente para los territorios mas pobres, de esta línea basada en la capacidad fiscal de las CC AA es un mayor riesgo y una pérdida del statu quo. Al asumir responsabilidades fiscales las CC AA en caso de épocas duras, el soporte que van a recibir del Estado no será automático, cosa que si ocurre con el reparto por necesidades.
Si se opta por la uniformidad existe un mayor papel de la Administración General del Estado a la hora de determinar montos y parámetros de reparto, si se apuesta por la descentralización se apuesta por más autonomía. Más responsabilidad fiscal es más riesgo, mientras que existen más salvaguardas si se defiende un reparto basado en las necesidades fiscales. Estamos ante una decisión que todos hemos de considerar en sus pros y contras
Representando la opción de la uniformidad está Andalucía, que no lo oculta al hablar Susana Díaz de un nuevo sistema de financiación autonómica: «La nivelación tiene que ser total, es decir, abarcar la totalidad de los servicios que se prestan, pues de lo contrario nos va a dejar en una situación muy complicada a las comunidades que tienen menos renta». En el campo contrario, con posiciones igualmente sólidas están Baleares y Cataluña (antes de su reciente salto en el vacío) y sobre todo Madrid, pero éste es un caso casi tan particular como la foralidad de Euskadi. ¿Donde está el Consell? No he conseguido saberlo con certeza
Fríamente he tratado de explicar una disyuntiva complicada de la cual sólo puedo añadir que no va a superarse a golpe de manifestación.
