Hay que ser consciente de la gravedad que entraña enunciar la posibilidad de que el president de la Generalitat y el ministro de Hacienda, metidos en sus respetivas urgencias, pueden estar poniendo en peligro el futuro de España. Esta no es una valoración equidistante, ni neutral, pero las responsabilidades respectivas importan poco, cuando la ruptura aparece con los dibujos del último Goya como irracional referencia. Seguramente ambos llevan a cabo su sinérgica labor destructiva de forma inconsciente y ninguno de ellos persigue nada que no sea el buen gobierno, pero la sensación es que ambos están encelados en un juego de suma negativa, es decir, ninguno (ni el españolito de a pie) gana. Ambos están defendiendo propuestas que desmoralizan a la ciudadanía. Puede que no estén valorando las posibles consecuencias propias de tomar decisiones bajo la presión de fuerzas que no controlan.
Por su lado, Ximo Puig persigue dos objetivos imposibles. Uno, que los 1.325 millones de euros de más incluidos en el presupuesto de la Generalitat un año más, que el Consell considera reivindicativos, a cuenta de una nueva financiación, pero que fiscalmente son irremediablemente ficticios, pide como muestra de lealtad, que no sean objeto de enmiendas en Les Corts. El segundo es revindicar que el nuevo modelo de financiación esté consensuado ¡antes de fin de año! Desgraciadamente, olvida que se refiere a una cuestión que también afecta a muchos otros españoles, en cuyo nombre no puede hablar legítimamente.
Cristóbal Montoro, por su parte, en plena crisis territorial ha justificado que el Gobierno de España dé prioridad a su estabilidad, antes de intentar resolver el prometido sistema de financiación para las autonomías de régimen general. Incluso su propio experto, representante del Gobierno para la reforma de la financiación, Ángel de la Fuente, piensa que la manera de aplicar la Ley del Cupo «no es la mejor forma de avanzar hacia un diseño coherente y equitativo» del modelo de financiación territorial. Para intentar garantizar la aprobación de los presupuestos de 2018, ha usado la medida más contraproducente: fijar para los próximos cinco años una situación incompatible con la situación de muchas
CC AA.
Despreciando la complejidad de conseguir un acuerdo de todos los españoles, sobre el futuro de las CC AA, uno pone la fecha de final de año y otro la de un debate presupuestario que quiere empezar después de las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. Los deseos imposibles son una forma de mentira.
El lunes pasado, diez catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo plantaron sobre la mesa de los políticos 15 folios sobre Ideas para una reforma de la Constitución. Allí queda claro que hay que abordar constitucionalmente cinco puntos:
1) Definir la función de los estatutos de autonomía.
2) Plena constitucionalización del reparto de competencias.
3) Participación autonómica en las decisiones e instituciones del Estado.
4) Definir los instrumentos y órganos de colaboración entre autonomías y Administración del Estado.
5) Constitucionalización de los elementos esenciales del modelo de financiación autonómica.
¿Habrán entendido Puig y Montoro el último punto?
Los razonamientos incluidos en el documento son sólidos y constituyen una esperanza en estos momentos de rupturas. Básicamente se reconoce que la Constitución no previó suficientemente la financiación de las CC AA, que hoy sabemos es un problema vital para la convivencia entre españoles. Habrá que aspirar a un Senado representativo de los territorios como órgano legitimado para codecidir la financiación, un tema generador de enfrentamientos. Se llega a la conclusión que el actual Consejo de Política Fiscal y Financiera no tiene legitimidad, ni medios suficientes para cumplir una función que debe ser estrictamente constitucional. Reconocen que este Consejo es un cauce con una deficiente participación de los territorios, tanto por la preeminencia del Estado en su proceso de toma de decisiones, como por la falta de transparencia en su actuación. Equivocadamente es a este foro donde Puig y Montoro han decidido acudir para resolver sus respectivos problemas.
Parece que no se quiera compartir la idea que «la Constitución puede incluir normas fundamentales del sistema de financiación, con aproximación a la atribución de recursos según las capacidades de ingreso y criterios de solidaridad, incluyendo los principios de igualdad social y de ordinalidad, así como garantizar la participación de las Comunidades en la concreción de ese modelo». Sin embargo, sin urgencias, con tranquilidad e inteligencia, hay margen para una reforma del modelo territorial basándonos en las técnicas del federalismo, aprovechando las técnicas y soluciones instrumentales ensayadas en Europa para mejorar el funcionamiento de las instituciones recogidas en la Constitución actual.
La responsabilidad constitucional futura supera tanto a la Generalitat, como al Ministerio de Hacienda, por lo que es una falta de rigor incomprensible insistir en una solución de la mano de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018 o de una vacua promesa del fin de año. Este tipo de frivolidades son muy dañinas, especialmente cuando nada se conoce sobre lo que realmente proponen unos y otros para el largo plazo. Asusta sospechar que muy poco se tenga meditado, mas allá del día a día y de un presunto beneficio electoral. Podemos estar asistiendo a un ejercicio de irresponsabilidad a dos bandas.
Intentemos intentar plantear alguna solución:
1) Mutualícense las cantidades de deuda acumuladas por las CC AA en el FLA.
2) Si alguien insiste en que ello beneficia a la Comunitat Valenciana, reconózcase, aunque recordando que aquí, como en la mayoría de CC AA, no funcionaron las pistolas.
3) En el límite, un artículo 155 financiero, debidamente acotado, no sería vergonzoso. Pero hay maneras más elegantes para tomar compromisos.
4) Vayamos a la reforma constitucional, con los cinco objetivos señalados por los catedráticos.
5) Recobremos la esperanza en España, si ello fuera un sentimiento democráticamente compartido.
