«Sólo se ve lo que se mira y sólo se mira lo que se está preparado para ver». Alphonse Bertillon (1853-1914).
Las discriminaciones han mutado y han sabido adaptarse a las nuevas democracias, sostenidas por unas ilusiones cognitivas irracionales de transmisión social e inmunes a las leyes: los estereotipos y prejuicios de género, que apuntalan el statu quo de las modernas desigualdades, variando su virulencia según el hemisferio desde el que se mire.
La brecha de género salarial global es actualmente del 23 % según la Organización Internacional del Trabajo y a este ritmo nos llevará 170 años cerrarla. Las mujeres son propietarias de menos del 2 % de las tierras del mundo, a pesar de que un tercio del total mundial de las economías campesinas son sostenidas por ellas.
En Europa, el 60 % de las licenciaturas que se obtienen son femeninas, pero solo el 6 % ocupa puestos de dirección ejecutiva de grandes compañías en un mercado de trabajo que equipara tiempo productivo y beneficio económico, despreciando el tiempo dedicado a los cuidados familiares no profesionales, a los que niega valor social, económico y curricular a pesar de ser imprescindible para la economía, para la sociedad y para la vida misma. Ello también es violencia de género, porque ese trabajo invisible se sostiene sobre las espaldas de las mujeres de todo el mundo, que también encabezan las estadísticas de la pobreza.
La justicia española, que debería ser un ejemplo de igualdad en su composición por honestidad jurídica, exhibe anualmente sin rubor un infranqueable techo de cristal judicial a través de una foto oficial sin mujeres que emite un mensaje simbólico de inferioridad intelectual de las juezas, a pesar de que ellas rubrican más de la mitad de las sentencias que se dictan en este país. Una justicia masculinizada en su cúpula, desde donde se diseña la jurisprudencia, donde de 77 integrantes del Tribunal Supremo solo 11 son mujeres; de 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia solo una tiene nombre de mujer [Pilar de la Oliva en la Comunitat Valenciana] y tan solo 9 de las 50 presidencias de Audiencias Provinciales de este país recaen en magistradas. Y el mismo patrón desequilibrado se reproduce en el Tribunal Constitucional, donde solo se han conocido 6 magistradas de un total de 64 miembros a lo largo de su historia. Una anomalía democrática que perpetúa las desigualdades y redunda en la calidad de la justicia, porque impartir justicia es reconocer, redistribuir y representar la mirada completa de una sociedad compuesta por mujeres y hombres.
El lento avance de la igualdad en las democracias del siglo XXI es un retroceso patológico que devalúa los derechos humanos de las mujeres, convirtiéndolas en ciudadanas de segunda clase, y ello también es violencia de género. La causa del fracaso de la igualdad jurídica y la base que sostiene la violencia de género en su cara más atroz se llama estereotipos y prejuicios de género que actúan sutilmente, soterrados bajo una apariencia neutra, retroalimentada socialmente desde todos los ámbitos imaginables. Una sociedad que dice que somos iguales pero que no actúa como si lo fuésemos, devaluando la imagen de las mujeres con cada anuncio sexista, negando la existencia de las féminas en unos libros de texto en los que solo habitan hombres, o con una Real Academia Española que define sexo débil como conjunto de mujeres y sexo fuerte como conjunto de hombres.
Los prejuicios son potentes enemigos inmunes a las leyes que se transmiten socialmente mediante el aprendizaje observacional, luego se integran en nuestro tejido perceptivo hasta el punto de no tener conciencia de ello, por lo que no lo diagnosticamos como un problema que requiera remedio legal o de otro tipo. Pero cuando los prejuicios penetran en el sistema judicial, lo distorsionan, perpetuando las asimetrías sociales y elevándolas a la categoría de justicia y en el peor de los casos, pueden llegar a impedir el acceso a la justicia de víctimas y supervivientes de la violencia de género4 . Y ello también es violencia de género.
Acabar con la estereotipia es posible, pero la lucha debe ser multidisciplinar y empezando por la educación, que es la vacuna contra las violencias de género. Una educación proyectada socialmente y también desde las escuelas, mediante programas educativos de aprendizaje transformativo como «Educando en justicia igualitaria», promovido por la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) cuyos resultados e impacto social son ya incuestionables.
De otro lado, y ante la inutilidad de las herramientas legales tradicionales, desde la Jurisprudencia Internacional de Derechos Humanos se ha impulsado la utilización de una nueva metodología de impartición de Justicia con perspectiva de género que dé cumplimiento efectivo al concepto de transversalización de la igualdad. Es una estrategia judicial para franquear la estereotipación de género y avanzar hacia la igualdad real desde la justicia. No es una opción del juez o la jueza, sino un mandato legal imperativo vinculante para todos los poderes del Estado.
La interpretación y aplicación de las normas desde esta perspectiva exige equidad, contextualización y actuación conforme al principio pro persona, que garantice la protección de los derechos humanos de las mujeres. Juzgar con perspectiva de género maximiza la interpretación del derecho en favor de quienes se colocan en condiciones de desigualdad, permitiendo que las resoluciones judiciales contribuyan a disminuir las diferencias sociales a través de una justicia equitativa.
Los jueces y juezas podemos y debemos ser dinamizadores de cambios sociales para avanzar en la igualdad a través de nuestras resoluciones judiciales. Hay dos formas de impartir justicia, hacerlo formal y mecánicamente y hacerlo con equidad y perspectiva de género. La primera perpetúa las sistémicas asimetrías sociales entre sexos; la segunda, en cambio, camina hacia una sociedad igualitaria.
