Entre la conducta desnortada de unos y el desplante jactancioso de otros, el penoso desenlace del procés confirma la invisibilidad del resto de comunidades autónomas (CC AA) para las élites madrileñas. Inevitablemente, el desajuste del Estado de las autonomías, que tanta ilusión despertó en su momento, llevará a los españoles a tomar decisiones nada fáciles. Digo españoles sin diferenciar entre catalanes y el resto. Desgraciadamente, han sido demasiados años con muchos políticos frívolos e interesados conviviendo en este desajuste.
Lo vivido durante estas últimas semanas es muy serio y sus secuelas son y serán graves. Ignoro si indelebles, pero sí de difícil superación, al haber incidido en sentimientos profundos de muchos, cualquiera sea la adhesión nacional de cada ciudadano. Tanto en la Cataluña de las grandes manifestaciones, como en el silencioso resto de España, todavía está por interiorizarse las consecuencias de este otoño de 2017. El día 21, todos los catalanes sin excepción deberán decir si aceptan o no alguna propuesta de encaje que sea compatible con el resto de territorios españoles. Ya no se trata de construir con ilusión y esperanza una casa común proyectada de buen grado, sino de buscar tan sólo un acomodo compartido.
Sin un mensaje claramente mayoritario por parte de Cataluña, el resto de España acabará siendo la primera interesada en aclarar su relación con aquel territorio. Las cosas son como son y no como quisiéramos que fueran. Todo indica que ya es insuficiente hablar de inconvenientes y de consecuencias negativas de la independencia. También se ha agotado la racionalidad, que en su momento pudiera haber tenido la apelación constante al principio de legalidad.
Ha sido una desgracia que en materia de financiación autonómica haya prevalecido la frivolidad, encarnada en nuestro caso en la convocatoria de manifestaciones relacionadas con supuestas injusticias. Estas, en todo caso, existen desde hace muchos años y eran detectables cuando se puso en marcha la voluntariosa liturgia del Pacte del Botànic. A estas alturas uno ha perdido toda confianza en la capacidad del Consell para encarar el futuro dentro de un sistema autonómico ya agotado con una desgraciada historia de frivolidades.
Resulta doloroso constatar cómo Ximo Puig y Mónica Oltra son incapaces de resolver la duda de si los españoles (valencianos) debemos ir hacia un Estado definitivamente federal o si debemos planteamos una recentralización prudente. La palabra recentralizar (incluso en su forma modesta de devolver temporalmente competencias que no pueden pagarse) es un rabioso ejemplo de incorrección política por parte de quien la pronuncia, ya que suena a franquista, derechista, etcétera. Su simple uso despierta el ardor propio de sectores dispuestos a confundir ideología con razonamiento, siempre argumentando que es incompatible con una visión progresista de España. Por todo ello, por el momento, es obligado retirar el término y centrar toda reflexión en la otra opción, esto es, buscando un camino hacia el federalismo. En principio, un Estado centralizado no es ni más, ni menos democrático que uno federal. Sólo constatar que el régimen del Reino de España no es federal aunque se declare descentralizado y ello no ha funcionado.
Dentro de unas semanas nos enfrentaremos a la posibilidad que las CC AA negocien un nuevo modelo de financiación basado en cómo repartir, cosa que nada tiene de federal. Tenemos comunidades forales que no tienen ningún reparo en remontarse a derechos históricos para justificar las cifras de su insolidaridad; otras como Cataluña, que inevitablemente van a esgrimir la situación de una población que, de cumplirse las previsiones, aparecerá dividida en dos mitades y finalmente el resto de CC AA, hasta ahora olvidadas por las élites y los medios de comunicación madrileños.
Si queremos ir hacia una Constitución federal, con todas las particularidades que se consideren oportunas, tendremos que pasar por tres fases.
La primera consiste en resolver la actual y dispar deuda de las CC AA, cuya mutualización es imprescindible para afrontar las siguientes fases en planos de igualdad. Este es un problema que se enquistará si el 21 próximo si gana el independentismo. No es imaginable una situación en la que un Gobierno del Estado decida perdonar la deuda ahora apuntada en el FLA, cuya cantidad más importante corresponde a Cataluña. Aunque suene duro, nadie presta a quien en paralelo le acusa de haber sido un ladrón redomado.
Una vez puesto el contador a cero, habrá que abordar un nuevo modelo de financiación, que deberá superar el actual principio (el Estado recauda y luego reparte) para establecer un pacto fiscal federal en el marco de la actual Constitución. El problema, de nuevo, tiene una lectura catalana, ya que los sucesivos gobiernos de Convergència y del actualmente suspendido de JxSí han optado por el enfrentamiento, imposibilitando cualquier nuevo modelo. Por otro lado, hoy, al empezar la discusión sobre ello, sólo existen acuerdo entre las CC AA sobre dos puntos: la crítica contra el cupo vasco y la reclamación de más dinero. El resto de propuestas regionales son pura disparidad, rozando a veces roza el cainiso. La liturgia de un grupo de expertos supuestamente creado para buscar soluciones ha confirmado que eran expertos de parte, de forma que los votos particulares de entonces, ahora son las posiciones de las respectivas CC AA.
Y una tercera fase será dotarse de una Constitución razonablemente federal
Político frívolos abstenerse. Es obligado apuntar que Mariano Rajoy se equivocará gravemente si se empeña en desarrollar el nuevo modelo bajo las apreturas los Presupuestos 2018 y que Pedro Sánchez no puede seguir en este debate sin aclarar si el PSOE está por un modelo de reparto o por uno federal.
