Guiándome por la cita socrática de que para decir la verdad con poca elocuencia es suficiente, me atrevo a responder a la columna de Gabriel Martínez titulada Para acabar con la discriminación en los puertos deportivos publicada el 13 de diciembre en Levante-EMV. Martínez venía a decir que hay que priorizar sistemas de gestión y explotación en los puertos deportivos para generar excedentes que ayuden a nuestras mermadas arcas públicas. Con base en esta premisa invocaba la bondad de la gestión mixta (publico/ privada) incluso hacía referencia a la igualdad entre usuarios. Finalmente arremetía contra la legislación en la Comunidad Valenciana, refiriéndose a la limitación de plazos de las concesiones y al supuesto beneficio de los clubes náuticos que como «asociaciones privadas» lo que entraría en conflicto con los intereses públicos, incluso tilda de coto cerrado de determinados beneficiarios que disfrutan de concesiones caducadas en beneficio propio.

Como miembro de la junta directiva del Club Náutico de El Perelló, debo manifestar mi sorpresa por algunas de estas afirmaciones. Somos un club pequeño y modesto, pero sobre todo una entidad sin ánimo de lucro. No llegamos a los 300 socios, de los que el 50 % tiene entre 60 y 80 años, solo el 7% tiene menos de 40 años. Las embarcaciones que amarran en nuestro club son modestas, la inmensa mayoría tienen esloras inferiores a los 7 metros, al igual que ocurre con la antigüedad de las embarcaciones que supera con creces los 15 años, datos que hablan con claridad de nuestra realidad social. Por supuesto, facilitamos hasta lo inimaginable la entrada de nuevos aficionados a la náutica y la pesca, pero lo cierto es que disminuye progresivamente el número de socios.

Aun así, tenemos que asumir el dragado continuo del canal y la bocana, el mantenimiento de unas instalaciones añosas en perfecto estado (incluso hemos reconstruido en su totalidad la escollera sur) y a una plantilla de 10 trabajadores. Todo ello sin recibir la más mínima subvención y a costa de la gestión rigurosa de las cuotas sociales y a la dedicación absolutamente altruista de la junta directiva. Entiendo que también nosotros, con nuestra modestia, contribuimos al patrimonio e intereses públicos.

Efectivamente tenemos la concesión caducada hace diecisiete años, situación de la que no somos en absoluto responsables y que lejos de ser un beneficio, nos perjudica gravemente para gestionar adecuadamente las instalaciones y los arrendamientos, como fácilmente se puede imaginar. Por otra parte, tenemos la amenaza potencial de asumir un canon (espejo de agua e instalaciones) que se ha incrementado en un 334 %, lo que realmente hace difícil nuestra subsistencia como club.

Dicho todo esto, no acabo de ver lo de la discriminación a favor de los clubes náuticos y, sobre todo, que alguien nos diga y concrete cómo hacer más eficiente y provechosa para el interés general nuestra gestión. Quiero acabar con aquella reflexión que hace referencia a que mi verdad no puede ser la tuya, porque mi realidad no es ni será nunca la tuya.