El problema político y social surgido en Cataluña por el desafío secesionista tiene varias causas que, con una veracidad falsa, forzada e interesada, los partidos independentistas han tratado de convertir en dogma de fe. Pero si quisiéramos hacer un listado de mayor a menor relevancia deberíamos colocar en uno de los primeros puestos a la desigualdad económica y al problema social generado. Sólo así podemos entender que en muy pocos años los catalanes partidarios de la independencia hayan pasado de ser un escaso 15% al actual 47% y que la tensión entre los catalanes haya llegado a unos límites nunca antes imaginado. Es cierto que, como dijo Miguel Herrero de Miñón hace unos días en la recepción del Congreso de los Diputados con ocasión del 39 aniversario de la Constitución Española, España se ha enfrentado a problemas mayores desde que se reinstauró la democracia que en su momento parecieron irresolubles -como el terrorismo de ETA o el aprovechamiento rozando la destrucción del Estado de derecho que hizo el Partido Popular de los casos de corrupción del último Gobierno de Felipe González- y sin embrago de todo, antes o después, se ha salido o el tiempo lo ha enterrado porque, como dijo Quevedo, el tiempo ni vuelve ni tropieza.

Fue un completo acierto por parte de ERC utilizar el descontento y la desigualdad económica generados por las políticas liberales de la hoy casi desaparecida derecha política catalana como método para retroalimentar una inquina focalizada en los supuestos agravios del Estado español que a su vez querían presentar como el causante de la desigualdad. La jugada les salió, en este aspecto, de manera perfecta. Mediante este uso de los efectos de la crisis económica en la población catalana y de los recortes en servicios sociales llevados a cabo por una CIU hoy desaparecida y hundida en casos de corrupción, los sectores más duros del independentismo lograron desactivar el tradicional poder de la derecha catalana y al mismo tiempo convertir en responsable al Estado de la mayor parte de las consecuencias generadas por la corrupción y políticas económicas conservadoras de CIU. Artur Mas cedió al abrazo del oso para intentar salvarse de la corrupción pero acabó de igual manera ante los tribunales.

El nuevo Gobierno que se instale en la Generalitat, en el caso de de ser constitucionalista y por tanto legalista, tiene una ardua tarea. Tiene que volver a hacer política, es decir, tomar decisiones que afectan a los ciudadanos y que en muchos casos serán impopulares; desmontar el aparato burocrático que fue creado para promocionar las ideas independentistas tanto dentro como fuera de Cataluña que afecta a diferentes áreas de la administración catalana y en un tercer lugar tiene que volver a generar en la sociedad catalana el entendimiento y la concordia. Estos tres aspectos -gestión, deuda pública y cohesión social- están intimamente relacionados con la desigualdad económica a la que nos referimos y que ha supuesto el verdadero caldo de cultivo del que los independentistas han sabido aprovecharse.