El pasado 27 de diciembre, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, comunidades autónomas y ayuntamientos ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado tres meses antes por el Congreso de los Diputados. La ministra Dolors Montserrat afirmó que a partir de ese momento se ponía en marcha inmediatamente el citado Pacto, que contiene más de 200 medidas. Unas requerirán reformas legislativas y otras no, pero ya ha comenzado el Gobierno incumpliendo la dotación presupuestaria inmediata.
Muchas de las medidas tienen que ver con la asistencia y protección de los hijos e hijas menores de las mujeres víctimas de la violencia machista ejercida por el engendrador de esas criaturas y, según afirman, son prioritarias y urgentes. Entre ellas hay algunas como la suspensión del régimen de visitas cuando presencien, sufran o convivan con manifestaciones de violencia de género o la prohibición de visitar en prisión al padre que esté cumpliendo condena por ese motivo o la imposibilidad de compartir la custodia para los ya condenados o procesados penalmente o con una orden de alejamiento. La cuestión es que estas medidas ya se contemplan legalmente, pero no se aplican. La Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia modificó la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, estableciendo la posibilidad de que el juez pueda retirar o suspender el ejercicio de la patria potestad, de la guarda y custodia o el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Quiero recordar aquí a Jessyca Bravo Cutillas; mañana se cumplirán dos meses desde que su asesino, que tenía concedido régimen de visitas a pesar de condenas y denuncias reiteradas, la tiroteó a la salida del cole de su hijo. Lo repetiremos hasta la saciedad: un maltratador no puede ejercer como padre. Hay voces, incluso bienintencionadas, que consideran que se puede, simultáneamente, querer a las hijas e hijos y agredir a la madre. Cambien el prisma de su mirada. Confundir amor con posesión y propiedad es la base de la violencia machista. Considerar que tienen primacía los derechos de visitas y custodias frente a la integridad física y psíquica de las y los menores desvela que la patria potestad sigue considerándose como un título de propiedad respecto de las hijas e hijos y no como una fuente de responsabilidades. Las leyes están cambiando gracias, sobre todo, a la presión del movimiento feminista (tarde, pero, cambian), pero ¿y las mentes de quienes tenemos que regirnos por ellas y, sobre todo, de quienes han de aplicarlas? Como afirma la historiadora y filósofa Geneviève Fraisse, «el derecho es una potencia formal; permite, pero no garantiza en modo alguno, la transformación de las cosas».
