Después de cuatro décadas de minería en galería dedicada a la extracción de sílice y caolín, en 1963 comienzan en Villar del Arzobispo las explotaciones mineras a cielo abierto cuando se demanda desde Castellón el llamado oro rojo: la arcilla. Una actividad que creció exponencialmente al ritmo que marcaba el lobby cerámico y supuso el inicio de la devastación que nuestro territorio padece desde hace más de 50 años. Se trata de un sector que creció sin planeamiento previo y, sin esta herramienta indispensable, atender a los intereses de un sector que comenzaba a crecer desaforadamente es la causa principal de por qué en la actualidad nos encontramos en una situación de absoluto desamparo. Se instauró una política del todo vale y una cultura minera que, paralelamente, instaló en la mentalidad del pueblo villarenco un pensamiento que identificaba minería y progreso que para nada obedece a la realidad palpable. Un municipio que no recibe beneficios económicos mientras padece una actividad con unos impactos medioambientales hoy ya insostenibles: pues la actividad minera no genera beneficio alguno para el ayuntamiento€ sí, como en la obra de teatro Aquí no paga nadie.
Esta ausencia de planeamiento ha conllevado -paralelamente-que el sector haya crecido de manera ilegal, pues en estas más de cinco décadas la complicidad administrativa se ha demostrado incapaz de regularizar a unos mineros que pasan olímpicamente de normas, leyes y disposiciones judiciales y que, gracias a esta permisovidad, se sienten impunes. Vemos cómo algunos mineros actúan con maneras abiertamente mafiosas (agresiones y amenazas de muerte incluidas). Dos casos recientes lo evidencian: la mina Vicentica tiene orden de cierre de la explotación emitida por la Conselleria de Territorio en marzo de este año por estar en suelo no urbanizable y carecer del preceptivo permiso de explotación por la Conselleria de Industria y de la licencia de actividad por parte del ayuntamiento desde hace más de 30 años... Mientras, el alcalde explica a este periódico que el secretario del ayuntamiento «está estudiando la fórmula legal para cerrar la explotación» (¿lleva desde 2005 estudiando la «fórmula legal» para cerrar una actividad que no tiene licencia municipal?).
El segundo caso es el juicio de hace unas semanas a un palista y a un empresario por amenazas y agresiones (se publicó en este periódico en febrero pasado) a una excursión de participantes en las III Jornadas de Minería y Desarrollo Sostenible que, como no podía ser menos, han sido absueltos. Una vez más impera la política del todo vale para ellos. Y el aquí no paga nadie se fue convirtiendo en aquí cobra todo el mundo.
Así que estamos como en el tercer mundo. Aceptando de manera sumisa un desarrollo a todas luces insostenible, con unas formas claramente depredadoras y mafiosas€ y Castellón en la sombra, sin implicarse en un tema que sí que le compete, porque hasta ahora y como territorio está funcionando como un país rico que explota a otro pobre. A estas alturas, el tema es ya de tal relevancia que hasta el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, debería tomar cartas en el asunto. Para Castellón es una cuestión de mantener y aumentar su economía, mientras que para nosotros es una cuestión de empobrecimiento y de supervivencia. Hora es ya de que los beneficios reviertan también en nuestro territorio, de manera que posibilite la creación de empresas para la rehabilitación paisajística y forestal y que creen empleo en nuestra zona. De lo contrario deberemos cambiar el nombre del pueblo: de Villar del Arzobispo a Villar de las Minas.
