Al anunciar que pospone sin fecha la investidura de Puigdemont, aunque sin renunciar al candidato, Torrent asume la muerte de la vía unilateral. Su defunción es la marca que deja en el independentismo la traumática experiencia de la cárcel. Con Forcadell de presidenta del Parlament, el pleno de investidura se hubiera celebrado y Puigdemont habría comparecido por plasma. Pero Torrent no tiene vocación de mártir. Ahora bien, al no renunciar al candidato, aunque posponga su investidura para no enfrentarse al Constitucional, Torrent permite que Cataluña siga cautiva de la megalomanía del expresident y retrasa aún más la recuperación del autogobierno. Y lo hace mientras dice que hace todo lo contrario. Entre un polo y otro no sólo se debate Torrent, sino todo su partido, ERC. La candidatura de Puigdemont no es menor lastre que la de Mas a finales de 2015, pero el president destituido por el 155 tiene bien pillados a sus antiguos socios. El Constitucional daba a Torrent la oportunidad de deshacerse de Puigdemont, que es lo que a Esquerra le gustaría, pero la unidad de acción independentista sigue marcando los pasos del "posprocés", pese a su evidente fractura. E impide encontrar una alternativa que justifique la muerte en el ara de la independencia de quien un millón de catalanes sigue viendo como su principal referente. Así que Torrent se ha ido por el único resquicio que le dejaban las medidas cautelares dictadas por la corte de garantías: aplaza el pleno, pero mantiene vivo al candidato, e inaugura su propia cuenta de desafíos sin ir de frente contra la instancia arbitral. Es, como siempre, un sí pero no, o un no pero sí, para que parezca que no se cede. Aunque se ceda, como lo demuestra la satisfacción del Gobierno y, aún más, las críticas de la CUP al "acatamiento del mandato del Estado" y las protestas ante el Parlament. Siguen, pues, las astucias, pero esta vez después de que el Constitucional patentara las suyas propias, con un auto que prohíbe la investidura de Puigdemont si no se persona físicamente en el Parlament con permiso del juez Llarena, pero que no responde al recurso preventivo del Gobierno contra su designación como candidato. Es decir, hablando sin que le pregunten. Si el pleno no se celebra hoy, último día fijado para hacerlo según el 155, el Parlament violará los plazos previstos por el Gobierno. Y ahí se abre otra batalla, de tiempos y de plazos, a la espera de que el TC invalide o no la candidatura de Puigdemont, el Gobierno acuda de nuevo al Senado para renovar la aplicación del precepto constitucional o alguien dentro de Esquerra recapacite. Tardà apuntaba maneras, pero este fin de semana el TC (y su propio partido) le cerraron la boca. A Tardà, toda una institución en ERC. Hasta ahí llegan los tentáculos del poder "puigdemoniano".
