Malos tiempos para la imagen pública del frente por una financiación justa para la Comunitat Valenciana. Las organizaciones de centro, izquierda y sindicales corren el peligro de perder en los actos reivindicativos la presencia de uno de sus principales valores, el que aporta el acento de la diversidad y refuerza la credibilidad: el empresariado.
Ya hubo muchas dudas entre los empresarios para entrar en las diferentes puestas en escena -como la de la manifestación de València del pasado mes de noviembre- por la ausencia del PP, al considerar que deberían estar los partidos más representativos; la búsqueda de un frente político amplio se trastabilló tras el toque de atención de Génova a Isabel Bonig.
El órdago del expresidente de Cierval y presidente de Feria València, José Vicente González, apuntandose públicamente a la manifestación (en una entrevista de Levante-EMV) cuando todavía se debatía en el seno de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) si era o no conveniente acudir a la protesta, ya supuso dolores de cabeza y resquemores entre un empresariado duditativo. Pero el 18 de noviembre estaban allí. Hubo que hacer algún cambio que otro, apartar a los partidos de la pancarta y alcanzar compromisos de que no se aprovechara políticamente la convocatoria.
Pero el resquemor gana espacio entre los patronos conforme se va consumiendo la legislatura y se ven más cerca las elecciones autonómicas. Se encuentran incómodos con la puesta en escena que buscan algunos de los compañeros de viaje, no con las razones que fundamentan el manifiesto -financiación e infraestructuras justas para la Comunitat Valenciana-, como insisten en señalar.
La propuesta de la manifestación frustrada en Madrid o la opción alternativa -por temor al fracaso de la primera- de una concentración en la capital el próximo dia 13 para exigir una reunión con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, acompañada por registro de entrada de un escrito, han terminado por precipitar las dudas, al considerar desde la CEV que transmite una imagen de impotencia con connotaciones negativas. Además, pilla a contrapie al presidente de la patronal, que solicitó a Soraya Sáenz de Santamaría (durante su visita a València para destensionar la relación del PP de Bonig con la CEV) que intercediera para abrir la puerta del ministro de Hacienda, y no considera adecuado presionarla públicamente ahora sin dar un plazo razonable a sus gestiones.
Pero los avisos del distanciamiento de cara al público con el tripartito y los sindicatos ya vienen de atrás. Las reividicaciones de infraestructuras al Ejecutivo de Mariano Rajoy se han modulado pese a que la mayoría de los compromisos del Corredor Mediterráneo y el eje Cantábrico-Sagunt se establecen como promesas, no como cifras en la planilla de los presupuestos. El bálsamo de Íñigo de la Serna, el ministro que más visita la Comunitat Valenciana, aunque sea en trenes que se averían, ha servido de calmante.
Y ahora, la patronal se ha apuntado al mensaje de su declarada «enemiga» Bonig -la que los cuestiona permanentemente, incluso en temas que sacó adelante el propio PP, como el del reparto de los fondos por la participación institucional- pidiendo un imposible (o no) a PSPV y Compromís: que apoyen los Presupuestos Generales del Estado a cambio de obtener mejoras económicas para la Comunitat Valenciana. Una propuesta que parte de la premisa de considerar el Congreso de los Diputados como una especie de lonja en la que hay que conseguir el mejor producto al menor coste posible.
Pero la evaluación económica de esos costes es mucho más sencilla que la valoración política. La «recomendación» de Salvador Navarro a los partidos valencianos es una sugerencia envenenada; casi tan complicada de cumplir como la reforma del sistema de financiación.
Un paso más para marcar públicamente cierta distancia, evitar la utilización política y ceñirse a la pedagogía del mensaje.
