La sentencia del Tribunal Constitucional 145/2017 ha declarado inconstitucional el Decreto Ley de la Generalitat Valenciana que habría posibilitado la atención de las personas más frágiles e indefensas -extranjeros sin papeles- a cargo del sistema público de salud.
Se me antoja que algo hay en la decisión de hooliganismo patriotero y de aquello del «España para los españoles». Atajo facilón y de poca ley sería, en tal caso, concitar según qué consensos sociales, me parece. El prestigio jurídico, en tiempos de democracia y de derechos se logra de otro modo, opino. Vayamos, no obstante, al campo del razonamiento formal...
La clave del criterio que se impuso en el seno del pleno (siete magistrados) se cifra en la extravagante idea en cuya virtud la legislación básica (competencia estatal) se convierte, de facto, en legislación exclusiva y anula, en consecuencia, la capacidad de desarrollo (atribuida constitucionalmente a las comunidades autónomas). He de reconocer el desasosiego que me genera la línea jurisprudencial acerada (de acero) que se ha impuesto en tiempos de crisis (en plural), cuando la necesitábamos balsámica y acerada (de cera).
El Tribunal Constitucional tiene una clara razón histórica de ser: la expansión de los derechos y su garantía, en un proyecto armónico de convivencia. Sin embargo, nuestros magistrados, desatendiendo la perspectiva histórica, están mudando -a golpe de sentencias- la esencia de un órgano que ahora actúa, alterando su ADN institucional, al servicio de la conservación de unos derechos petrificados por el legislador central. Los derechos van quedando así depositados en la galería de estatuas del Museo Nacional, cuya conservación parecen asumir, complacidos, nuestros magistrados...
Si lo básico se convierte en perimetral; si lo básico deviene en muro infranqueable; si las bases son, a la vez, suelo y tabiques y techo, ¿en qué queda la autonomía política que la constitución reconoce a las nacionalidades y regiones? O, expresado de otro modo: ¿qué actividad, de calidad y de valor político, van a poder desarrollar los parlamentos autonómicos? Con el criterio que nos llega desde Madrid, me temo que a los parlamentarios autonómicos apenas les quedará nada sustancial que hacer y van a tener que dedicarse a querellar acerca de cositas a la postre irrelevantes.
Dos pájaros caen malheridos, pues, de un mismo tiro: los derechos sociales y los derechos políticos. Mala cosa... La esperanza de que otro Tribunal Constitucional es posible, eso sí, no hay que perderla. Ahí están los votos particulares de cinco magistrados discrepantes -¡ojo, cinco de doce!-. Minoritarios son hoy sus valores. ¿Quién sabe si dejarán de serlo mañana?
