Como se suele decir, rectificar es de sabios, pero cansa cuando los políticos hacen ese ejercicio de sabiduría tras verse sonrojados en los medios de comunicación. El titular con el que Levante-EMV abría su portada del pasado jueves sobre la reforma del Reglamento del Ayuntamiento de Valencia era incontestable, denunciando que el gobierno municipal de Joan Ribó quería asegurarse el sueldo en los 2 años siguientes, tras dejar sus cargos. Se podría haber dicho de otro modo, pero resume a la perfección lo que pretendían hacer los grupos municipales, unos con su voto a favor, y la oposición, con su abstención o desidia a la hora de fiscalizar la acción de gobierno.

En este debate hay dos elementos fundamentales en los que podemos coincidir la mayoría de los ciudadanos. Por un lado, y como denunciaba la OCDE en su informe Government at a Glance, es indignante que España siga siendo uno de los tres países desarrollados que paga a expresidentes, exministros y exdiputados tras dejar el cargo. Al mismo tiempo, se hace imprescindible luchar contra las puertas giratorias y el hecho de que determinados políticos puedan acabar aterrizando en aquellas empresas privadas con las que han tenido contacto o pudieran haber beneficiado. Con todo ello, lo que no podemos es caer en el error de privilegiar con una desproporcionada compensación económica a quienes han ostentado un cargo de responsabilidad, para evitar esta práctica, puesto que se trata de una medida contraproducente, que no resuelve el problema y que se aplica en muy pocos países, por lo privilegiada e impopular que resulta.

La integridad pública es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, percibiéndolo a diario con los vergonzantes casos de corrupción que invaden los tribunales. Por eso, resulta indispensable mejorar las medidas para controlar el movimiento de gente entre los órganos reguladores y los sujetos regulados, pero eso no puede hacerse a base de extender cheques a quienes han ejercido un cargo público. Para resolver esta cuestión, debe apostarse por crear instituciones independientes de control ajenas al poder político, así como ampliar los años de incompatibilidad, tal como tiene legislado Alemania.

En definitiva, cuando todavía son muchas las personas que no tienen claro si hemos salido de la crisis o cuando Mariano Rajoy tiene la desfachatez de subir este año las pensiones un 0,25 %, porque parece que no hay más dinero, cualquiera de nosotros se opondría a tener que incluir a exalcaldes o exconcejales en ese club de políticos privilegiados que mantenemos en España.