Llevamos años oyendo hablar de «populismo» en sentido peyorativo: populismo como sinónimo de demagogia para agitar a las masas, excitar sus bajas pasiones, engañar al público para conseguir determinados objetivos. Generalmente, dicho populismo se vincula o bien con extremismos de otros países (Trump, Maduro, los partidarios del brexit y Marine Le Pen suelen configurar el póker de ases del populismo a este respecto), o bien con algunos partidos políticos en España, fundamentalmente de nuevo cuño, y que tienden a resumirse en uno: Podemos, que es, además, el único partido español que intenta reivindicar la noción de populismo en un sentido menos negativo. Como una dinámica de relación con el público más directa, más accesible, aunque todo ello sea más bien en apariencia que en sustancia).
Pues bien: esta semana, el Gobierno se ha distinguido con una de las escenificaciones más demagógicas, irresponsables y reaccionarias que uno recuerda (después convertida en anteproyecto de ley): la defensa de la ampliación de la prisión permanente revisable (es decir: la cadena perpetua) para determinados delitos de asesinato. Y, por si pudiera caber alguna duda sobre las intenciones del Gobierno, para anunciarlo apareció el mismo Rajoy, rodeado de familiares de víctimas cuyos asesinatos habían generado una alarma social particularmente significativa y, sobre todo, visible en los medios de comunicación.
Con lo que podemos concluir que, sin duda, con tanto hablar de populismo y acusar a los demás de hacer demagogia y seguir el camino fácil en lugar de solucionar problemas, el propio Gobierno se ha contagiado en tal medida del frenesí demagógico-populista que ha logrado dejar a sus rivales muy atrás: pocas cosas más populistas, en el peor sentido del término, que legislar para endurecer las penas a golpe de tuit o de portada de periódico, con los familiares de las víctimas que más revuelo mediático generaron alrededor, por si acaso a alguien se le hubiera podido escapar que el evento consiste en pillar votos a costa de endurecer todavía más el código penal, y en ninguna otra cosa.
Porque, en efecto, eso es lo que hay detrás de tan vergonzoso anuncio: el miedo del PP a que Ciudadanos, en alza desde que se inició la crisis catalana, pueda arrebatarle la hegemonía en la derecha española, como anuncian ya algunas encuestas. Ayer mismo, la encuesta históricamente más afín a Ciudadanos, la elaborada por Metroscopia para El País, que le daba a este partido la primera posición con nada menos que un 28 % de los votos, frente al 22 % del PP (PSOE y Podemos languidecían con un 20 % y un 17 %, respectivamente).
No es que esto constituya una sorpresa, porque es ya conocido el desaforado amor que Metroscopia profesa siempre a Ciudadanos; pero la novedad aquí, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es que dicho ascenso ya no sólo lo defiende Metroscopia, sino también las demás empresas demoscópicas, así como el CIS (históricamente más moderado y prudente que las encuestas de los medios a la hora de detectar cambios de tendencia importantes), que el lunes asignó a Ciudadanos un 19 % de los votos, muy cerca del PSOE y -por primera vez en mucho tiempo- por delante de Podemos y sus aliados electorales.
Una situación muy buena para los conservadores, considerados en su conjunto, pero muy peligrosa para el PP, que siempre ha vivido muy bien (al igual que el PSOE) en el cómodo bipartidismo de antaño, cuando la mayoría de la gente no tenía otro remedio que votar a uno u otro. Medidas como el endurecimiento de las penas, guiados por el afán de recuperar share televisivo y votantes, resultan esclarecedoras tanto de la preocupación reinante en el PP como de su absoluta falta de escrúpulos.
