Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Merkel mete en cintura a las redes

Se suele decir que la libertad de expresión de una persona acaba donde empieza la del otro. La frontera siempre ha sido difusa, pero internet, con su globalidad y anonimato, ha difuminado aún más los límites. La sociedad digital enferma a base de insultos, mensajes de odio, suicidios en directo, machismo, xenofobia y noticias falsas. Establecer unos límites, más que necesario, resulta vital. Mientras las grandes empresas tecnológicas, como Facebook o Google, ponen tiritas a la herida, Alemania es el único país que busca un antídoto. El Gobierno alemán ha puesto en marcha a principios de año la ley NetzDG. Con ella, cualquier contenido ofensivo o ilegal en las redes sociales debe ser eliminado en 24 horas. Si no es así, multa. Un procedimiento tajante que no convence a parte de la población, que acusa al gobierno de censurar contenidos.

Alemania es un país de leyes estrictas. Son los únicos de la Unión Europea que disponen de una legislatura específica para controlar el uso de las redes sociales. Un modelo que, de momento, España no copia. En Reino Unido, en cambio, la primera ministra Theresa May sopesa aplicar medidas similares. El presidente Macron, por su parte, trata de legislar en Francia contra las noticias falsas. En Irlanda la difusión de las llamadas "fake news" podría costar hasta cinco años de cárcel.

Alemania ha abierto la veda. No sin antes avisar. En 2012 el Gobierno alemán comenzó a cerrar las cuentas donde se publicaban memes nazis -los iconos de "Pepe The Frog" con una camiseta con la esvástica eran los más dominantes-. A éstos le siguieron otras publicaciones en Twitter denunciadas por antisemitismo en medio de la llamada "crisis de los refugiados", en el año 2015. Alemania fue cerrando el círculo hasta llegar a su actual ley NetzDG para terminar con las ofensas en redes sociales. Con ella, el gobierno alemán obliga a Facebook, Twitter y Youtube a eliminar expresiones de odio, noticias faltas o material ilegal en 24 horas. Si eso no ocurre, las plataformas tienen que hacer frente a multas que podrían alcanzar los 50 millones de euros si se incumple sistemáticamente la ley.

En junio de 2017, el Gobierno alemán aprobó su polémica ley para controlar los abusos en internet y el 1 de enero de este año se puso en marcha. Les dio así a las compañías unos meses para mentalizarse. Y lo hicieron. Facebook contrató a 1.200 personas, sólo en Alemania, para evitar las multas. Google aumentará su personal de moderación a lo largo de 2018 hasta superar los 10.000 empleados. Los vídeos de abusos en Youtube son su principal problema.

La polémica ley alemana convierte a las plataformas con más de dos millones de usuarios en censores de publicaciones que puedan incitar al odio, hagan apología del terrorismo y otros comportamientos que pudieran ser constitutivos de delito. A través de una denuncia empieza a girar el engranaje alemán: se alerta a la compañía de la necesidad de retirar el material y se inicia la cuenta atrás para hacerlo dentro de plazo y evitar las multas.

La ley NetzDG también exige transparencia. Las plataformas con más de 100 denuncias anuales deben hacer públicos informes semestrales en la Gaceta Federal (el equivalente al "Boletín Oficial del Estado" en Alemania) sobre los contenidos eliminados y sus causas.

El Ministerio de Justicia alemán es el encargado de controlar todo el proceso y de establecer la cuantía de las multas. En cuanto a los datos, la ley exige almacenar los contenidos eliminados diez semanas por si fuera necesaria la intervención de un juez. Éste sólo interviene si las plataformas no consideran ilegal una publicación retirada o quieran reclamar una multa.

La ausencia de magistrados durante todo el proceso para velar por la libertad de expresión e información y decidir si algo debe ser o no retirado es una de las mayores críticas a esta ley. Sus detractores la acusan de censura.

Nada más comenzar el año y entrar en vigor la medicina alemana contra los abusos en redes sociales, Twitter y Facebook borraron varios mensajes de la parlamentaria Beatrix von Storch, del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AFD). No pasaron el filtro. Se consideró que podían incitar a la xenofobia al protestar por el uso del árabe por parte de la Policía de Colonia. Una parodia en la cuenta de Twitter de la revista satírica alemana "Titanic" sobre el tema también fue eliminada y se bloqueó la cuenta del medio.

En el ámbito político, la NetzDG no ha sido bien recibida por la oposición. Todos exigen su retirada, desde los partidos de la izquierda, a los verdes, liberales (FDP) o la extrema derecha (AFD).

La prensa alemana también rechaza la nueva ley. El periódico sensacionalista "Bild", el más vendido del país, cargó con dureza contra la ley en un reciente editorial y pidió su abolición.

La presidenta alemana, Angela Merkel, ha respondido con un tajante "internet no es un espacio fuera de la ley". Tras la polémica, la canciller alemana aseguró que su ejecutivo estudiará el impacto de esta ley, pero incidió en la necesidad que las reglas del mundo "analógico" se apliquen también al digital. "Puede ser que debamos hacer cambios, pero el principio de que se necesitan reglas es absolutamente correcto e indispensable", sentenció Merkel en un discurso llevado a cabo en un día simbólico, el Día de la Internet Segura, celebrado el pasado día 6 de febrero.

España no sigue el ejemplo alemán. En nuestro país no hay ninguna ley que obligue a las plataformas a eliminar el contenido ofensivo. Las mismas leyes que regulan una vejación o un abuso fuera del mundo digital son las que se aplican dentro de él. Con sus plazos, casi siempre largos.

España se adapta al medio digital dando pequeños pasos, especialmente en el ámbito de las noticias faltas. En esta línea, el Plan Nacional de Seguridad de este año ya incluye los delitos cibernéticos o ataques a la seguridad derivados de propaganda o reproducción de noticias falsas. Además, el Ejecutivo quiere citar a los editores de medios para abordar el problema de las "fake news" y buscar posibles soluciones en una comisión.

Tras el ejemplo de Alemania, España se pone las pilas y el Gobierno ha planteado crear un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado durante el primer semestre del año.

Aunque España centra sus esfuerzos actuales en controlar las noticias falsas y los ciberataques, el paraguas alemán contra los trolls abarca todo el globo. Cualquier usuario puede modificar su ubicación en su perfil de Twitter e instalarse en cualquier ciudad alemana para experimentar qué es una red social sin ofensas. Aunque la dirección IP del teléfono o el ordenador (su DNI digital) es la que manda e indica realmente el origen del perfil, el celo de las nuevas leyes van más allá. Al cambiar el lugar de residencia a Berlín, Múnich o Hamburgo, cambia por completo la forma de utilizar la red social y los mensajes de odio desaparecen. "El delito regulatorio puede sancionarse incluso si no se comete en la República Federal de Alemania", reza la ley. El oasis digital alemán protege a sus ciudadanos en el extranjero, pero también a los usuarios de cualquier parte del mundo que busquen un poco de paz.

Compartir el artículo

stats