De nuevo la clase política valenciana y parte de la económica y la social se suben al AVE esta semana al menos dos veces para tratar de hacer visibles en Madrid las necesidades y los problemas de los ciudadanos de esta parte del Mediterráneo, que sólo sale en las teles por los casos de corrupción, los sucesos o cuando nieva y hace frío, para avisar a los de la capital de que no vengan, que no está el tiempo para bollos.
Mañana lunes, una expedición de las Corts Valencianes que en principio iba a estar compuesta solo por Enric Morera, Isabel Bonig y Manolo Mata y a la que finalmente se han sumado (por el qué dirán) los portavoces de Ciudadanos y Podemos, Mari Carmen Sánchez y Antonio Estañ, pasará la tarde en el hotel Eurobuilding hablando de la cuestión territorial española desde la perspectiva valenciana ante los socios del club que en su día presidió Eduardo Zaplana y hoy encabeza el ex director general del Real Madrid Inocencio Arias.
Como no se espera una asistencia multitudinaria de capitalinos para presenciar cómo se pelean los portavoces de los cinco partidos parlamentarios valencianos a propósito del sentimiento territorial, las formaciones políticas han hecho un tibio llamamiento a sus bases para que, en la medida de lo posible, el salón no se vea desangelado.
El resultado es el previsible: Bonig acusará al socialista Mata de haber dejado la Comunitat Valenciana en manos de los catalanistas de Compromís; Morera cargará contra el Estado español (antes España) por lo mal que lo ha hecho desde el mes de septiembre en Cataluña; los representantes de Ciudadanos y Podemos mantendrán los perfiles que marcan sus organizaciones centrales, que para eso son de corte presidencialista; y el enviado de Ximo Puig al debate defenderá una visión federal del Estado y la necesidad de modificar la Constitución. Nada nuevo habrá junto a la Castellana. Nada que pueda escandalizar a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que está anunciada en la primera fila. Los mismos protagonistas, las mismas palabras, pero otro escenario, más frío que el habitual.
Solo 48 horas después, el miércoles, la tropa valenciana está llamada de nuevo al tren de alta velocidad con ocasión de la reapertura de la embajada valenciana en Madrid. El coqueto inmueble de la calle Españoleto acogió la pomposa Delegación de la Comunitat Valenciana en la capital en los tiempos de la opulencia, pero hubo que cerrarla cuando la crisis apretó. Estuvo en venta pero no ha tenido el cartel esperado, así que la Generalitat lo reabre el día 14 de la mano de la Fundación Conexus que preside el abogado Manuel Broseta, entidad que tendrá su sede operativa en el local y que dará apoyo a instituciones, entidades y empresas valencianas que necesiten cobertura en la capital.
El presidente del Consell aspira a convertir esa oficina en una auténtica plataforma de visibilidad de los intereses valencianos ante el Estado, e insiste en buscar la complicidad de los empresarios tras la experiencia positiva de la manifestación del 18 de noviembre pasado en València en favor de la asignación de una financiación estatal justa para la Comunitat.
El proceso que desembocó en la marcha del otoño pasado, sin embargo, atraviesa un momento delicado. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro ocupó junto a los líderes de los sindicatos la cabecera de la marcha reivindicativa de otoño. Hoy ha decidido dar uno o dos pasos atrás. El Partido Popular de Isabel Bonig se tomó como una afrenta el alineamiento de la patronal con los partidos de izquierda y los sindicatos frente al Gobierno de Rajoy, y persigue a la organización empresarial con saña, con propuestas de retirada de subvenciones públicas y amenazas de pinza con Podemos para estigmatizar a los patronos que financiaron a su propio partido y se sientan por ello en el banquillo del caso Gürtel.
Sea por suavizar tensiones con los populares ahora que se acercan las elecciones, o por diferencias de estrategia ante la reivindicación de la financiación, la organización empresarial se ha retirado del frente de batalla. Bonig y el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, han jugado sus cartas con astucia y el viaje que se preparaba a Madrid (otro más) el martes 13 para cantarle las cuarenta todos juntos al ministro Montoro se ha reconducido, gracias a Sáenz de Santamaría (las mujeres tienen derecho a su apellido, como los hombres), hacia una amable entrevista con el ministro de Hacienda (parece que el 16, todo en Madrid y en la misma semana) para intentar convencerle suavemente de que ponga en marcha el nuevo modelo de financiación, apruebe una quita en la aplastante deuda pública valenciana, apoye el incremento de la inversión en la Comunitat para fortalecer el desarrollo y el empleo y, si es posible, las tres cosas a la vez. Y si no se puede, pues ya si eso...
Hasta una manifestación valenciana en Madrid se preparaba en los días se exaltación patriótica a propósito de la financiación. Se hablaba de mayo, con buen tiempo y buenos autobuses, que no da el AVE para todos. Pero entonces Extremadura se cruzó en el camino. Siete mil extremeños coparon el telediario con su reivindicación de un tren en condiciones. De repente, la cifra subió hasta los 40.000. Y la inquietud cundió en las hasta entonces envalentonadas huestes valencianas: no podrían movilizar a un número ni siquiera similar por algo tan importante pero tan complejo como la financiación autonómica. Los empresarios dijeron que ellos no iban a ir a Madrid con las pancartas; el PP estaba fuera del ajo; Ciudadanos no lo veía claro; y los sindicatos cogieron un cabreo de mil demonios. Habían dado la cara por todos y se habían quedado con las banderas en alto, mirándose a los ojos con cara de novio abandonado delante de los testigos del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. El frente amplio por una financiación justa para la Comunitat Valenciana vive sobre el papel pero ya no tiene pulso. Sólo lo mantiene vivo, con respiración asistida, el Consell del Botànic que impulsó su nacimiento.
No es fácil conseguir logros en ese campo. Poco se puede hacer sin el doble consenso de las comunidades autónomas, por un lado, y el necesario entre el PSOE y el PP por otro. Rajoy da esperanzas y buenas palabras, pero quien está llamado a ser su sucesor, el presidente gallego Núñez Feijóo, se ha soltado la lengua y ha ninguneado las aspiraciones valencianas. No es de extrañar. La suya es la comunidad mejor financiada por el Estado y la nuestra, la peor.
No importa. La Generalitat y un frente social lo más amplio posible han de continuar su labor de reivindicación haciendo especial hincapié en las consecuencias que tiene la falta de fondos del Estado no sólo en la sociedad valenciana sino en cada uno de sus individuos. El barómetro de opinión que el Consell ha difundido esta semana desvela que la infrafinanciación es la última de las preocupaciones sociales por las que la encuesta pregunta. Sólo inquieta al 0,4 % de la población. Pero eso debe dar igual. El cambio climático es un reto de mayor magnitud y ni siquiera estaba en las preguntas. Cuando el agua del mar se eleve hasta inundar la primera línea de fincas en al playa de Oliva, seguro que el problema empieza a inquietar en esa localidad de la Safor. Pues eso. Lo que hay que hacer es convencer al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que cambie el AVE por el EVA en las líneas que unen Alicante, Castelló y València con Madrid. Ese tren de alta velocidad de bajo coste que anuncia para la línea de Barcelona, con billetes baratos, wifi en todos los vagones y gominolas en cada asiento es el que más nos interesa. Sobre todo por lo mucho que tenemos que ir a Madrid.
