14 de febrero de 2018
14.02.2018

Los peligros de las listas de espera

14.02.2018 | 04:15

Las encuestas dicen que el motivo de máxima insatisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario público es la demora para ser atendidos, y buscan soluciones alternativas a las listas de espera (LE) en la sanidad privada.

La Conselleria de Sanitat, en consecuencia, ha puesto en marcha un plan de choque que copia los que anteriormente puso en marcha el Partido Popular y que no sirvieron para atajar el problema pues, siguen existiendo las LE. Se sigue dando una respuesta coyuntural a un problema estructural. La solución que dio el PP y ahora copia Sanitat solo incrementa la cuenta de resultados de las clínicas privadas y los ingresos del personal sanitario que participa en estos planes. La conselleria debería supervisar la compatibilidad de las clínicas y personal sanitario. Actuar solo sobre las LE quirúrgicas es tener una visión parcial del problema. Si no se controla también la demanda, se está a merced de los que deciden incrementar las indicaciones quirúrgicas.

Según la Memoria de Gestión del año 2016, existen 230.519 enfermos en LE de especialista, con una demora media de 44 días y con un rango entre 12 y 99 días. Hay dos consultas que llaman especialmente la atención: una, la Unidad del Dolor con 1.294 enfermos en LE y 84 días demora; y la otra, Medicina Intensiva con 83 enfermos en LE y con una demora media de 12 días.

Combatir las LE requiere de una actuación sobre el proceso diagnóstico y terapéutico. Se plantea como condición necesaria, pero no suficiente, la creación de los grupos de asesores técnicos que uniformicen los criterios diagnósticos. Estos grupos (GAT) ya existieron con el gobierno de Joan Lerma. Se requiere revisar el proceso asistencial, desde que el paciente manifiesta una dolencia, hasta que es diagnosticada y posteriormente resuelta.

En Atención Primaria, las LE no deberían existir, sin embargo no es así. En el área metropolitana de Valencia hay centros de salud con LE, con demoras que superan los 7 días, y es más, en un mismo centro de salud hay médicos con demora y otros sin ella. Hay una mala distribución de recursos y, por tanto, una mala organización.

Una vez atendida la ciudadana o ciudadano, el médico de Primaria, de acuerdo con los síntomas observados, lo envía al especialista. En su primera visita, el especialista solicita que le realicen pruebas diagnósticas. Superada esta fase, procede la segunda consulta donde, ya con la historia clínica y las técnicas exploratorias correspondientes, se realiza el diagnóstico sentando la opción terapéutica.

Los ciudadanos, ante esta situación, que se alarga en el tiempo, toman diferentes caminos: unos esperan resignadamente a que se cumpla el recorrido; otros acuden a la puerta de Urgencias de los hospitales, con la consiguiente sobrecarga de ellas; otros, si tienen algún conocido en el sistema sanitario, piden favores para saltarse la cola; y otros, cada vez más, si tienen recursos económicos optan por un seguro privado.
Favorecido por los incentivos fiscales del gobierno del PP, y por la ineficiencia del sistema sanitario público, a fecha de hoy la sanidad privada en la Comunitat Valenciana cuenta ya con más de 683.000 asegurados, el 8,2 % de la población, con un crecimiento del 0,8 % anual. El sistema sanitario privado tiene ya 7,8 millones de asegurados en España, y hay casi 2 millones de funcionarios que lo eligen. Se está implantando un sistema de doble aseguramiento que, a medio plazo, pondrá en peligro la subsistencia del sistema sanitario público. La sanidad privada, para promocionarse, utiliza dos mensajes: sus asegurados no tendrán que esperar para recibir asistencia y estarán en un entorno más confortable.
Los ciudadanos no tardarán en cuestionarse el copago que supone este doble aseguramiento, exigiendo la reducción de la parte de sus impuestos que van a financiar la sanidad pública. Ésta tendrá menos recursos, dispondrá de menos financiación y entrará así en el camino que la devuelva a su origen de beneficencia. Si realmente se quiere defender la sanidad publica, hay dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, de manera que no tengan que abandonarla para recibir asistencia en plazos de tiempo razonables.

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