La paulatina judicialización de la política es su posverdad; es decir, la mentira sobre ella que se estima necesaria y se da por reversible. Afirmo que la constante judicialización de la política en España, y en la Comunitat Valenciana, hoy por ti, mañana por mí, terminará, de continuar así, con cualquier viso de ejercicio de la política en nuestro país y en nuestra comunidad. Por dura, incluso durísima, que pueda resultar esa política. Los partidos, ni en el gobierno ni en la oposición, están para llevarse los unos a los otros a la Fiscalía de continuo. Sé que somos pocos los que, al parecer, así pensamos y decimos, pero creo tener gran parte de razón. Después de denunciarse todos a los tribunales, sólo cabe el duelo al amanecer, con padrinos, a pistola o florete, como era inveterada costumbre patria.
Me pareció escasamente bien cuando se denunciaba por parte de Compromís a Rita Barberá por el Ritaleaks, que terminó en exonoración de la difunta alcaldesa de València. Me parece escasamente positivo ahora cuando el Partido Popular decide llevar a Mónica Oltra a la Fiscalía por un asunto que a buen seguro tendrá escaso recorrido jurídico, eso estimo, y algún que otro ruido mediático también escaso por el estruendo fallero.
Si el PP tenía elementos de juicio suficientes sobre posibles actuaciones irregulares desde el punto de vista administrativo en las contrataciones de determinadas empresas por parte de la vicepresidenta del Consell, lo primero que debería haber hecho es solicitar su comparecencia en el pleno de Les Corts Valencianes a fin de solicitar, como es su obligación de fiscalización parlamentaria de la actuación del gobierno, sus explicaciones y en su defecto estudiar otras actuaciones pertinentes. Los partidos no deben ser parte personada en las acciones judiciales contra miembros de otros partidos ni cargos del gobierno ni de la oposición. A no ser que con ello se pretenda que nadie en su juicio quiera seguir en la vida política por aquello de que cualquiera, ese que me mira avieso hoy, me pueda denunciar judicialmente ante la Fiscalía de turno. Así, señoras y señores, se termina con la política y entramos en el submundo de la posverdad; repito, es decir, de la mentira llamada con el legítimo y noble, en tiempos, nombre de la politea.
Si se cree que la actual ley de contratos del Estado incita a la fragmentación de los mismos en cantidades no superiores a los 18.000 euros y esto se considera un posible coladero de amiguismo y presunta prevaricación públicos, la solución es llevar la iniciativa legislativa para cambiar el sentido de la mencionada ley y hacer, si cabe, más restrictiva la contratación pública que, ya hoy, está o debe estar sancionada por la Intervención y por los preceptivos informes de la Sindicatura de Comptes en el caso de nuestra comunidad.
Por otro lado, todas las administraciones, absolutamente todas, han parcelado contratos. El problema no creo que radique en esa fragmentación, sino en el uso prevaricador de la misma. Si es ello lo que se pretende denunciar, primero, al parlamento y sólo en última instancia a los tribunales. Desde luego, nunca como partido político. Para ello están los organismos pertinentes que pueden hacerlo o la actuación misma y directa por parte de la Fiscalía si la Sindicatura, por ejemplo, le remite los correspondientes informes de dudosa legalidad en lo que a contratación de empresas y servicios se refiere.
Pero claro, si antes se criticó a Compromís, y en ocasiones con gran parte de razón de hacer lo propio desde la oposición, poco se gana hoy reiterando los modos y las formas. Y, por otro lado, no es lo mismo la duda que el delito y conviene tener memoria histórica, en este caso, para saber del pie que nunca más se debe cojear y del barro que nuestras botas convendría que no removiesen más.
Naturalmente, este es mi criterio. Sé que no será tenido en cuenta. Porque las razones de los que ya no sabemos si somos de los nuestros, en magistral frase del exministro Pío Cabanillas Gallas a Manuel Fraga en uno de los Congresos de la transición, siempre estamos au dessus de la mélée y, claro, esa posición nunca es tenida en cuenta por quienes se bañan a diario en la pomada del poder o de la conspiración continua desde él o contra él. Los iniciados de todos los partidos, de todas las partidas.
¿Y quiénes son los míos?, se me podrá espetar. La respuesta salta pronta: los decentes, los demócratas de todos los partidos. Desde ahí cabe hacer política honrosa, política de Estado, política cívica, política al servicio de la ciudadanía, política con unas ciertas mayúsculas, política desnuda, política del buen sentido para arribar juntos al mejor de los puertos de la democracia.
