Hace unos días conocimos de la preocupación que ha expresado el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, tras analizar en enero a nuestro país, en relación a la situación que viven los menores con discapacidad sobre el disfrute en igualdad de condiciones de todos los derechos fundamentales. Evidentemente, este tipo de noticias hay que situarlas en su contexto, entendiendo que España es un país con unas cuotas de protección social muy consolidadas, y que, además, en los últimos 30 años hemos experimentado un avance importantísimo en la protección de las personas con discapacidad.
La gran labor desplegada por el tejido asociativo que conforma este sector, mucho del cual se ha estructurado gracias al incansable trabajo de las propias familias afectadas, ha permitido que exista una verdadera conciencia política y social en la materia. A partir de esa realidad, no es bueno caer en la autocomplacencia, y aquellos que nos dedicamos al ámbito de la discapacidad debemos seguir siendo beligerantemente exigentes con el Estado.
La evaluación realizada por la ONU subraya, entre otras cuestiones, la necesidad de reforzar las políticas de especial apoyo a las familias con niños y niñas con discapacidad, revisar la esterilización forzosa, abordar las diferencias existentes entre las comunidades autónomas o agilizar la accesibilidad universal para alcanzar la plena igualdad de oportunidades, con especial atención a la educación y la sanidad. Estamos ante cuestiones de primer orden, a las que deberá dar respuesta el legislador nacional y autonómico, siempre atendiendo al carácter heterogéneo del colectivo, donde debemos ser conscientes que las necesidades de una persona con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental son mucho más complejas y requieren de unos ajustes específicos. Es decir, la práctica nos demuestra que determinadas patologías necesitan de una asistencia y recursos especiales, quizás fuera de las estructuras convencionales, que también deben ser valorados y con los que se evitará la frustración de la familia o el menor con discapacidad.
En esa línea de actuación marcada por las Naciones Unidas, la vicepresidenta Mónica Oltra ha presentado esta semana la que será nueva Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana, un texto que se expresa en términos de igualdad y reconocimiento de derechos, siendo especialmente sensible con los menores con diversidad funcional y con aquellos que pueden ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Esta norma, que recoge entre sus novedades la creación de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia, supone un avance incuestionable en la protección de los menores valencianos, y ahora se deberá reclamar una adecuada financiación para conseguir una puesta en marcha efectiva.
