Los jueces y las víctimas de violencia de género

El poder judicial, al igual que el ejecutivo o el legislativo, en un Estado de derecho, tiene que estar sometido al escrutinio público y puede ser interpelado en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, de esa forma tendrían que haber sido entendidas las quejas de tantos colectivos de mujeres, sin que ello pudiera ser interpretado como un intento de menoscabar su independencia. Echamos en falta lo que, a nuestro juicio, habría sido una respuesta adecuada a nuestras quejas: que son sensibles ante la muerte, el sufrimiento, el miedo y el desamparo de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijxs y que, en lo que respecta a nuestras quejas sobre el trato que les dispensan algunos jueces, toman nota de ellas para investigarlas y, en su caso, instar a que sean corregidas. Y son todas esas mujeres y todas esas criaturas las que nos legitiman para hacerlo y las que nos imponen esa obligación ética.

Las quejas que hemos presentado, que no denuncias, ni son «sistemáticas» ni constituyen ningún ataque a la independencia judicial. Ya nos habría gustado, y ocasiones han tenido para ello, que estas asociaciones de jueces hubieran salido en tromba para desmontar la falacia de las denuncias falsas por maltrato que presentan muchas mujeres por ansias de venganza hacia los hombres o para obtener la custodia de sus hijos o para lograr condiciones materiales ventajosas en los procedimientos de familia, cuando los datos que recoge el CGPJ la desmienten de forma rotunda. O que hubieran hecho alguna autocrítica sobre determinadas resoluciones que no han evaluado correctamente el riesgo que corrían las mujeres y que, desgraciadamente, han acabado muertas a manos de sus maltratadores.

Las resoluciones judiciales pueden y deben ser criticadas, así como el trato que dispensan a las víctimas durante el procedimiento. La independencia de los jueces no se puede asimilar a la infalibilidad y, efectivamente, pueden ser recurridas, pero eso solo puede ser entendido como una garantía formal. Las resoluciones de órganos unipersonales pueden ser refrendadas o enmendadas por órganos colegiados de superior rango, pero unas y otras pueden ser equivocadas.

Permítasenos a nosotras que tengamos ideología, como también la tienen los jueces. Nosotras vamos de frente y reconocemos que luchamos contra el patriarcado. Mucho han de cambiar las cosas, y en eso estamos las mujeres, para que la justicia, al igual que el resto de los poderes del Estado, se desprenda de ese sesgo. No basta con que el ordenamiento jurídico recoja algunas de nuestras justas reivindicaciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, ni que los operadores judiciales tengan formación en género, ni que existan Juzgado ad hoc, ni que se firmen tan rimbombantes como vacíos Pactos de Estado, cuando todo eso no se traduce en la erradicación de la violencia machista, entre otras razones porque las sentencias de los tribunales, hacen prevalecer algunos derechos sobre otros como, por ejemplo, los derechos de los padres sobre los derechos de lxs niñxs cuando se les concede visitas a los maltratadores, cuando al maltratador se le imponen penas que no garantizan la seguridad de la víctima o cuando a esta se le victimiza doblemente cuando la administración les proporciona una casa de acogida para garantizar su «seguridad», con menoscabo de otros derechos fundamentales.

Seguiremos estando vigilantes y ejerciendo nuestros derechos.