Se me revuelven las tripas cuando leo noticias tales como: «Mueren dos sintecho en menos de 30 horas en las calles de València». Dos personas, Carlos y Eusebio, de 49 y 60 años respectivamente, que dormían en la calle sobre cartones perdieron la vida semanas atrás. Me parece indignante que sucedan estas cosas. Y no vale la respuesta de que «eso les pasa por no querer ir a los albergues de ayuntamientos o de instituciones benéficas». Estos sucesos tan alarmantes van contra los derechos humanos, contra el derecho a una vida digna. Retomando las palabras de Adela Cortina de su libro Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la sociedad democrática, no es un problema de una noche o de un día o una semana, es un problema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo; se trata del rechazo al pobre, al que no tiene nada. La aporofobia, «miedo, rechazo o aversión a los pobres».

Se trata de uno de los problemas sociales y políticos más acuciantes de un Estado democrático como el nuestro y debemos emprender una concienzuda e imprescindible reflexión. Es un desafío a la democracia -opinión compartida con la catedrática de Ética y filosofía política de la Universitat de València- totalmente urgente poner nombre al rechazo al pobre y a la vez dar solución institucional al mismo. «Es una cuestión de justicia: el derecho a una vida sin pobreza es un derecho de las personas al que corresponde el deber de las sociedades de procurarles los medios para satisfacerlo» (Cortina, 2017)

La solución no es delegar en las organizaciones humanitarias la asistencia a estas personas sintecho. Hace falta una respuesta rápida. Estas personas necesitan atención, acogimiento y educación. Es preciso tomarse en serio la igualdad y el fomento desde las instituciones de una hospitalidad cosmopolita, aplicando las buenas prácticas que se llevan a cabo en otras ciudades europeas; es urgente potenciar una red de albergues y una atención personalizada a través de programas de formación y empleo, por ejemplo.

A pesar de que se percibe que en la economía española hay una leve mejoría, según los últimos datos del séptimo informe 2017 de Arope (European Anti Poverty Nework), el 6,4 % de la población, más de 2,9 millones de personas, vive en la pobreza severa (hogares con ingresos inferiores a 342€ al mes). La tasa de pobreza sitúa a los menores de 16 años en el 31,7 % (33,4 % en 2015) y los jóvenes de 16 a 29 años en 37,6 % (36,4 % en 2015). El informe hace hincapié en que las personas que viven en hogares con niños y niñas tienen tasas hasta 30 puntos porcentuales más elevados que las que viven en hogares solo de adultos.

Si el Gobierno de España, en la Estrategia Europa 2020, se fijó la meta de reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y una reducción porcentual para el caso de la población infantil antes de finalizar 2019, los datos que estamos comentando evidencian todo lo contrario. Como dice Cortina, «lo mínimo que podrían hacer los poderes públicos, que tienen un especial deber de gestionar los recursos por bien de los conciudadanos, es cumplir con su obligación».