Hemos visto a lo largo de ésta, la segunda década del siglo, como el autogobierno que parecía recuperado y consolidado vio sometida la Administración a un colapso de deuda y falta de ingresos que le precipitó hasta asomar la cabeza a los límites del abismo. De cómo un sistema injusto de financiación condena a los valencianos a padecer una discriminación que vulnera claramente el principio constitucional de igualdad. Como desapareció de la noche a la mañana nuestro sistema financiero, como la Comunitat Valenciana no ha sabido de acceder al club de las negociaciones de los presupuestos en los momentos determinantes, o como a partir de un recurso de contenido ideológico se abrió la veda para que fallo a fallo el Tribunal Constitucional acabe derogando nuestra producción normativa civil, considerada como útil y vanguardista por la mayoría de los expertos. En este tiempo, hay quien ha situado el debate de manera errónea en torno a la recentralización o descentralización, un debate algo desenfocado teniendo presente una premisa; no existe autonomía sin recursos para financiarla, por tanto poco importa a efectos de decisión real tener un mayor o menor catálogo de competencias si lo único que nos permite generar este sistema es deuda.

Y cuando toda parecía acabado, entonces un puñado de juristas se dieron cuenta de que el autogobierno no estaba muerto, quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas, y desde la cuestión que en apariencia parecía más residual y sin embargo más originaria, poco a poco desde la base, pueblo a pueblo, fuimos fertilizando los ayuntamientos hasta conseguir a fecha de hoy, que más de 250 municipios valencianos hayan apoyado la moción pro derecho civil valenciano. Expandiéndonos de manera horizontal, logrando el apoyo de las tres diputaciones, Les Corts, y empezando a rozar la superficie cuando con afirmaciones públicas como la del presidente del Consejo de Estado donde reconoce la relevancia histórica del derecho civil valenciano, defiende su recuperación y califica como agravio la situación avalando la tesis de la Associació de Juristes Valencians.

Esta es una historia éxito, pero que no podemos dejar que termine siendo la del éxito de un fracaso, porque si ese fracaso venciera, dejará de ser la historia de aquellos que quisieron emerger con un mensaje de esperanza, para convertirse en el fracaso de un pueblo que incapaz de reconocerse como tal, vaga perdido sin saber a qué espejo mirar. La reintegración de la competencia en derecho civil es ante todo la recuperación de la más privativa y originaria seña de identidad y partida de nacimiento de los valencianos, la ley, Els Furs. Supone la defensa de nuestro Estatut d´Autonomía que mientras persista esta anomalía se encuentra parcialmente derogado de facto, pero ante todo, representa la posibilidad de tener una herramienta ágil y propia para poder desde el presente dotarnos de normas que hagan que en el futuro nuestras relaciones jurídicas, sociales, económicas sean más ventajosas, estén más adecuadas a la realidad y nos proporcionen posibilidades de desarrollo y mejora individual y colectiva.