El tema de moda en los corrillos de la política valenciana es el adelanto electoral. Ya se sabe que en este país a cada cena de media docena de periodistas y políticos, contubernio seguro. «El mal del periodismo es que mediocriza el espíritu y lo vulgariza todo», decía siempre positivo Josep Pla. Y eso que aún no nos habían atropellado las redes sociales. Adelantar elecciones tiene un elemento positivo que hasta dirigentes del PP defienden: la diferenciación. La Comunitat Valenciana saldría del régimen común de las autonomías del café para todos, que sacan las urnas todas el mismo día, y ganaría visibilidad y, si apuran, autoestima codeándose con vascos, catalanes o andaluces, que votan por su cuenta y riesgo. Así que en algún momento se deberá producir el adelanto.
El problema es si es este el momento. Lo importante es saber si hay un motivo que sostenga la decisión. Un motivo que entiendan bien los ciudadanos, como para justificar que salgan de casa de manera extraordinaria para ir a votar. ¿Es la infrafinanciación suficiente argumento para convencerlos? Yo diría que no, pero Rajoy y Montoro aún no han dado al Consell la bofetada que se presume que van a dar.
Las encuestas y barómetros van bien para los partidos progresistas que gobiernan desde 2015 en la Comunitat Valenciana, pero si la financiación autonómica es el motivo principal para adelantar los comicios se pueden encontrar con una baja participación que favorezca al principal rival, el PP.
La cuestión no debería ser la aritmética demoscópica. Las encuestas pueden decir que la opinión de la gestión del Consell ha mejorado, pero a la hora de votar se mezclan numerosos factores y solo algunos imputables a la acción del gobierno autonómico. Lo que se está viendo en Europa de manera general (Alemania, Italia o Francia) es que la izquierda tradicional retrocede porque no ha sabido ofrecer una respuesta a la gran crisis. La macroeconomía se recupera, martillean los telediarios, pero las condiciones vitales para el común de los mortales continúan igual: salarios bajos, poder adquisitivo dañado (con la agravante de un consumo que empieza a elevarse), precarización de los contratos y amenaza de los derechos (eso parecía que eran) de la sociedad del bienestar, como las pensiones o la sanidad. El dibujo vale para la Campania italiana y para la C. Valenciana, aunque sus gobernantes locales tengan una más que limitada capacidad de actuación sobre ese marco.
Ante este panorama, los europeos se están decantando por soluciones aparentemente nuevas (Macron y el italiano Movimiento 5 Estrellas) o por la derecha de siempre (Merkel), que resiste mejor en este contexto presuntamente posterior a la crisis. Con este marco y estos riesgos, ¿el agravio de la financiación puede justificar por sí solo un adelanto electoral ante la ciudadanía? No creo que haga falta explicitar la respuesta.
