Las palabras sostenibilidad y pensiones se escuchan conjuntamente con mucha frecuencia. Creo que es menester una reflexión desapasionada sobre ellas que nos permita ver más allá de la actualidad y reflexionar sobre este tema con la mirada puesta en el largo plazo.

Vale la pena comenzar con los hechos. La práctica totalidad de los analistas coinciden en que el sistema de pensiones tiene problemas. Como sabemos, se trata de un sistema de reparto en el que los pagos de las pensiones actuales se realizan a partir de las cotizaciones de los trabajadores en este momento. Eso significa que quienes trabajamos ahora estamos financiando a los pensionistas de ahora. El sistema funciona bien mientras hay varios trabajadores por cada pensionista, ya que así las cotizaciones de varios sirven para pagar a un beneficiario. Sin embargo, el número de personas que cotizan por pensionista estuvo en 2017 en 2,3, y los ingresos no se recuperan. Dos son los factores que afectan de una manera directa a esta circunstancia. Por un lado, la mayor longevidad de las personas que incrementa el número de pensionistas; por otro, que los nuevos cotizantes tienen salarios más bajos, lo que reduce los ingresos, y que los nuevos pensionistas reciben pensiones más altas, lo que aumenta el gasto. Los problemas económicos del sistema no son algo nuevo y no hay perspectivas de cambio en las cifras si todo sigue igual. Por ello, parece necesario hacer algo para que esto no acabe repercutiendo en un colapso del sistema.

Hay dos alternativas a la hora de abordar esta realidad. La diferencia entre ambas no está tanto en los instrumentos o medidas que pueden utilizar ambas, sino en la prioridad que se plantea cada una de ellas, que puede determinar tanto las soluciones que se pretenden dar como la manera de utilizar unos mismos instrumentos. Solo acercándonos a este análisis, desde las prioridades, podemos entender el porqué de esa incomprensión entre quienes tienen una prioridad y quienes tienen otra.

La primera posición tiene como objetivo principal la sostenibilidad del sistema. Quienes están en esta postura no quieren afrontar una reforma en profundidad del sistema porque, o bien les gusta y creen que es bueno, o bien lo ven tan difícil que prefieren no ponerse manos a la obra en esta cuestión. Si la prioridad es mantener lo que hay y garantizar su sostenibilidad, las soluciones giran alrededor de los gastos y los ingresos; esto es: solucionar el problema que tenemos de un déficit creciente de funcionamiento aplicando una política de bajada de los gastos, de subida de los ingresos o de ambas cuestiones al mismo tiempo. Si (como sucede con frecuencia) subir los impuestos parece algo no aceptable, la única solución es recortar por la vía de gastos reduciendo los pagos de pensiones. Esto repercute negativamente sobre todos los pensionistas, pero en especial sobre los que cobran pensiones más bajas, insuficientes para llevar una vida digna. La insuficiencia de sus pensiones se va acrecentando en la medida que sube el nivel de vida y ellos ven cómo la cuantía de sus pensiones está congelada.

La segunda posición es aquella que lo que quiere es sostener las pensiones. Es decir, aquella que piensa que el principal objetivo debería ser mantener un nivel de vida adecuado a aquellas personas que, por su edad, ya no pueden desarrollar un trabajo remunerado que les permita vivir con dignidad. Para quienes así piensan, mantener o incrementar (en el caso de las pensiones más bajas) la cuantía de las pensiones es el objetivo prioritario, y la viabilidad del sistema debe ponerse al servicio de éste. Esta es la idea que subyace en muchos de los pensionistas que se manifiestan en nuestro país, que saben que el sistema debe ser viable, pero que la prioridad debe ser garantizar la existencia de pensiones dignas y, para eso, habrá que cambiar el sistema si es necesario, pero sin comprometer el objetivo final de unas pensiones que ofrezcan una vida digna para los mayores. Esta segunda idea precisa de un cambio del sistema que afecte tanto a ingresos como a gastos, pero esta modificación del sistema se pone al servicio del mantenimiento de unas pensiones dignas.

Como podemos observar, la fijación de la prioridad es clave para ver cuáles son las medidas que se quieren aplicar y qué resultados van a tener. En el sistema de pensiones se vuelve a poner de relieve uno de los grandes dilemas que aparece en la discusión económica actual: ¿debemos priorizar los asuntos meramente económicos como es el déficit de la Seguridad Social y subordinarlo todo al objetivo de acabar con este para garantizar la sostenibilidad del sistema? O, por el contrario, ¿debemos poner la técnica, es decir, la necesaria sostenibilidad, al servicio del objetivo primordial del sistema de pensiones que no es otro que garantizar una vida digna a las personas mayores que no pueden obtenerla por sus propios medios debido a su edad avanzada? La respuesta a esta pregunta es la que va a hacer que se tomen unas medidas u otras y que se sigan unas políticas u otras.