La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acaba de anunciar un nuevo paquete de medidas fiscales rebajando varios de los impuestos autonómicos de los que es responsable su Administración. No es la primera vez, hasta el punto que ya se considera a Madrid poco menos que un paraíso fiscal en relación a tributos como el de sucesiones y a los gravámenes en inversiones. Otras autonomías han protestado por la iniciativa, que en su opinión las sitúa en desventaja frente a la competencia madrileña.
El debate fiscal español se produce en medio de otras tormentas de política económica como el debate sobre el futuro de las pensiones y la petición de algunos partidos de izquierda para gravar con un nuevo impuesto que garantice el futuro de las jubilaciones remuneradas. Del otro lado del Atlántico, el controvertido presidente Donald Trump acaba de anunciar la aplicación de aranceles a productos estratégicos como el acero y el aluminio, una especie de retorno al proteccionismo, olvidado poco menos que desde los tiempos de la reina Victoria.
Vaya por delante que en el debate general sobre políticas fiscales me pronuncio por el equilibrio. La izquierda ortodoxa, como saben, ha preconizado históricamente la subida de impuestos para financiar los gastos públicos de carácter social, mientras que la derecha ultraliberal considera que la economía productiva se estimula mejor con impuestos blandos: hay más dinero en el bolsillo del contribuyente y menos en el del Estado.
Desde mi punto de vista, son necesarias políticas sociales fuertes en materias como la sanidad y la educación -así como con las pensiones, claro-, pero igualmente considero excesivos los impuestos que se aplican tanto al trabajo como a las empresas, y soy mucho más partidario de presionar fiscalmente el consumo de energía, la contaminación medioambiental, la economía financiera (la tasa Tobin por ejemplo), el lujo y hasta el vicio personal.
Pero esa no es la cuestión central en el tema madrileño que nos ocupa. En apariencia, una batalla fiscal para dotar de ventajas a un territorio sería de lo más estimulante para el ciudadano. El llamado milagro irlandés se ha debido, en buena medida, a la baja tributación que opera en este país para las multinacionales tecnológicas. Otro fenómeno curioso se está produciendo ahora mismo también en Portugal, en especial en Lisboa y su extensa área metropolitana, donde no tributan las pensiones de jubilados europeos con un cierto tiempo de estancia en el país: el éxodo de pensionistas anglosajones y centroeuropeos hacia la Ciudad Blanca es extraordinario, y ello a pesar de que el Gobierno luso es una coalición tripartita de izquierdas.
El matiz fiscal madrileño, sin embargo, es importante. La capital de España potencia su baja fiscalidad y atrae a docenas de empresas -la mayoría del éxodo catalán han acabado allí-cuando en paralelo se beneficia de su propia condición capitalina, concentrando la práctica totalidad de las estructuras del Estado central, incluyendo bienes y servicios de primer orden cultural. Madrid se aprovecha también de su centralidad territorial y de una planificación de infraestructuras de marcado carácter radial con epicentro entre Atocha y Chamartín.
Es esa suma de ventajas de Madrid frente a todos los demás -como ocurre incluso con el fútbol o el baloncesto- lo que agiganta su competitividad, produciendo con ello severos desequilibrios territoriales en un país cada vez más concentrado y desequilibrado demográficamente. Y ello mientras en esta parte del país debemos movilizarnos para obtener una justa financiación per cápita o para acometer el Corredor Mediterráneo, que no es otro que la antigua y natural Vía Augusta que conectaba desde los romanos la periferia norte-sur de Hispania.
La historia de España habría sido otra, desde luego, si Felipe II se hubiera decidido por trasladar la capital del Reino a la citada Lisboa, a Sevilla o Barcelona, las candidatas desechadas en favor de Madrid, por entonces una minúscula villa en el centro de la Península y con los aspectos astrológicos favorables a juicio de los asesores espirituales del emperador. Desde entonces, Madrid ha ejercido la capitalidad política pero no la agraria, ni la industrial ni la comercial, pero de un tiempo a esta parte ya lidera todas las competiciones posibles.
En cierta ocasión, Xavier Rubert de Ventós, padre inconfeso del prólogo del Estatut catalán declarado inconstitucional, justificó su sobrevenido independentismo de la siguiente guisa: Madrid ha roto el pacto tácito por el cual ejercía la capitalidad política y dejaba a Barcelona la capitalidad económica. Es un modo sui generis de explicarlo pero no deja de evidenciar los problemas de equilibrio territorial de este país.
Concluyendo: una competencia fiscal para estimular a las autonomías podría tener sentido siempre y cuando los puntos de partida fueran más equilibrados. Es como la prima de riesgo sobre la deuda pública de los países de la Unión Europea, que siempre beneficia a Alemania.
