La evolución demográfica de las últimas tres décadas, caracterizada por el descenso en la tasa de natalidad y el aumento en la esperanza de vida, junto con el desempleo, plantean retos difíciles para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones públicas, es decir, para la capacidad de la economía española para financiarlo. El deterioro del saldo del sistema desde el inicio de la última crisis hasta convertirse en un déficit, que habría superado los 18.000 millones de euros en 2017, es prueba evidente de ello.
Si la economía española mantiene tasas de crecimiento por encima, digamos, del 2,5 % y sigue creando empleo podremos, con reformas y modificaciones técnicas, hacerlo sostenible. En caso contrario, nuestras dificultades se harán más graves y el recurso a la subida de impuestos no será suficiente, ni la mejor solución para el reequilibrio del sistema. Es una cuestión que afecta al interés general y al equilibrio político y social, y eso es lo que justificó, hace más de 20 años, la creación de un foro de discusión y análisis, el Pacto de Toledo, que trataba de enfocar el problema y sus posibles soluciones a largo plazo, evitando demagogia y oportunismos políticos.
El retraso en la edad de jubilación, el cambio en el período de cotización que se tiene en cuenta para fijar la pensión inicial, la introducción del nuevo índice de revalorización y del llamado factor de sostenibilidad, la posibilidad de segregar del sistema público contributivo de pensiones aquellas que no responden a este esquema básico -como, por ejemplo, las de orfandad y viudedad, entre otras prestaciones- para pasar a financiarlas mediante impuestos y otras modificaciones técnicas pueden contribuir a sostener el sistema.
Pasando a la importante cuestión del ahorro, es un hecho que la proporción de jubilados españoles que son dueños de su vivienda es alta en comparación con la que se da en otras economías europeas. Que el uso de la vivienda en propiedad da lugar a una renta en especie, sea el dueño jubilado o activo, es otro hecho económico, tan conocido y aceptado que nuestra normativa tributaria y el propio marco de la Contabilidad Nacional, con el que se elaboran las estimaciones del PIB, lo tiene en cuenta desde hace muchos años.
En otros países de la UE, los fondos de pensiones privados generan un flujo de pensiones de jubilación más importante, en términos relativos, que en España, donde las pensiones de jubilación generadas por los fondos privados no alcanzan el 5 % del importe de las pensiones públicas. La razón es que una buena parte de las familias españolas llevan décadas ahorrando mucho más en la compra de viviendas que en activos financieros. No hay más que atender al volumen de crédito hipotecario contratado por los españoles para constatar esta realidad. No se trata de que las familias españolas no hayan ahorrado para la jubilación y no tengan rentas derivadas de ese ahorro; se trata de que el ahorro se ha concentrado, sobre todo, en vivienda -a través del mercado hipotecario- y bastante menos en participaciones en fondos de pensiones u otros activos financieros.
Nadie ha sugerido, que yo sepa, que las pensiones de jubilación del sistema público puedan venir determinadas o afectadas en su fijación inicial o en sus revisiones anuales por la circunstancia de si el beneficiario es, o no, dueño de su vivienda. Pero sería absurdo no constatar que en España ha habido ahorro que, materializado en una vivienda, genera una renta en especie que contribuye, sin duda, a los ingresos totales, monetarios y no monetarios, de los jubilados, a diferencia de lo que ocurre en otras economías europeas, en las que es más importante relativamente el ingreso obtenido por los jubilados de sus participaciones en fondos de pensiones y otros activos financieros.
Carece de sentido buscar en esa constatación la intención de implantar alguna clase de discriminación entre pensionistas, según sean, o no, propietarios de viviendas; y es absurdo imaginar que señalar las diferencias entre el ahorro de jubilados españoles y el de los jubilados de otros países europeos forma parte de algún tipo de conspiración. Aún más disparatada, si cabe, es la hipótesis de que esa constatación estaría, de hecho, amparando, o promoviendo, una campaña para que los jubilados contraten las hipotecas llamadas inversas o, simplemente, vendan o re-hipotequen sus casas.
Dejando a un lado elucubraciones sin fundamento y propuestas muy difíciles de implementar, teniendo en cuenta las restricciones que afectan a nuestras finanzas públicas, lo realmente importante para la sociedad española y para el equilibrio y la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones públicas será, además de realizar las reformas necesarias, mantener el crecimiento económico y el aumento del empleo; para ello, la pieza que permite que la economía española se mantenga en ese triángulo virtuoso en el que está desde 2014 -fuerte crecimiento, creación de empleo y superávit exterior- es no perder la competitividad ganada y mejorar la productividad.
