Dícese que una de las características, entre mil bondades que configuran la manera de ser y actuar de los ciudadanos y ciudadanas de estas benditas islas, es nuestra parsimonia; nuestra dificultad de expresar sentimientos comunes, positivos o negativos; nuestra resistencia inicial a emprender aventuras o trabajos conjuntamente con otros paisanos. Pero últimamente parece que tal leyenda urbana se desmorona. Hace unos pocos años casi cien mil ciudadanos y ciudadanas ocuparon nuestras calles en contra de la imposición del denominado TIL; pero también como respuesta a un modo de gobernar despótico, que no se olvide, fue una de las causas de la derrota electoral de los populares en nuestra comunidad.

Una segunda muestra de hastío y cabreo fue la manifestación de miles de mujeres y también hombres, de toda edad y condición, el pasado 8M. Con un mensaje claro. Romper la brecha de género en el contexto laboral (salarios, condiciones contractuales...); también en las pensiones (33,55% en jubilación). Así como posibilitar que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral pueda ser real. Pero obras son amores. Veremos en qué queda. Y el pasado sábado una tercera muestra multitudinaria: miles de hombres y mujeres, pensionistas y jóvenes, abarrotaron nuestras calles para garantizar unas pensiones dignas para hoy y para nuestros hijos y nietos.

Según voces autorizadas del gobierno, los/las pensionistas españoles han sido unos privilegiados durante la crisis, y ahora en la poscrisis (?) se quejan por vicio dejándose manipular por los radicales. Pero, supuesto que el que avisa no es traidor, transcurrida ya la crisis y de nuevo en la senda del crecimiento, el gobierno de Rajoy ha decidido de modo unilateral y haciendo uso de su mayoría absoluta, subir las pensiones un 0,25% anual. Y así se nos lo ha hecho saber a través de una infumable carta personal de la ministra Báñez. No es necesario ser muy sagaz para comprobar que el IPC (gastos comunes como alquiler, agua, gas, energía eléctrica...) han subido muy por encima del 0,25% y que, por lo tanto, los pensionistas pierden poder adquisitivo. Pequeñeces sin importancia. Pero además el gobierno de España, sin complejos, nos hace saber que olvidemos la revisión de las pensiones de acuerdo con la evolución del PP. A cambio se ofrece a los pensionistas presentes y futuros la posibilidad de invertir sus ahorros en un plan privado de pensiones, en su gran mayoría gestionados por entidades financieras. Y, quizás un poco inquietos por las movilizaciones, en el reciente Pleno del Parlamento el presidente Rajoy, se comprometió (?) a una subida de las pensiones más bajas y las de viudedad, sin concretar ni cuánto, ni cómo, ni cuándo. Pero, ¡aviso a navegantes!, tal "espectacular" aumento sólo se producirá si se aprueben "sus" Presupuestos. Tal actitud en roman paladino se denomina chantaje.

De momento el PP ha dejado inoperativa la comisión parlamentaria cuya función es (o debería ser) elevar propuestas para que las organizaciones políticas y sociales, a través del denominado Pacto de Toledo, adopten medidas que garanticen la viabilidad del sistema público de pensiones. En definitiva, el gobierno no nos garantiza la viabilidad del sistema público de pensiones, a pesar de que unas pensiones dignas son un derecho reconocido en el artículo 50 de la Constitución española: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". El futuro ofrece todavía menos garantías: envejecimiento poblacional, incorporación tardía al mercado de trabajo, consolidación (al menos de momento) de unos salarios bajos y el dominio de la contratación temporal y precaria... Así resulta imposible consolidar un sistema justo de pensiones sin revitalizar las reformas. Pero sólo mencionar una de tales reformas, la vigente reforma laboral (causa principal del despido fácil y barato, así como del imperio del trabajo precario y tiempo parcial) levanta ampollas entre los populares.

Gobernar es pensar en la próxima generación, y en el caso de las pensiones es pensar en la próxima y en la siguiente. Mientras los poderes públicos nos entretienen con falsos debates sobre un conflicto lingüístico inexistente, nos despistan con dilemas sobre la letra del himno español y nos confunden trasladando el debate político a los tribunales, siguen sin garantizarnos, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.