El anónimo que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana presentó en 2016 en una comisaría de policía para que su contenido fuera investigado en relación con una supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià en la campaña electoral de 2007 tendrá recorrido judicial o no lo tendrá, pero de momento ha permitido que algunos actores políticos y sociales valencianos afilen sus lenguas y sus plumas para pasar viejas o nuevas facturas a rivales y enemigos o críticos.
Para que haya caso tiene que haber denunciante, papel que suele asumir alguien que quedó fuera del reparto de las tajadas. Quien fuera metió los papeles en un sobre y se los pasó al PP, que dicen que prefirió una comisaría a la Fiscalía porque con esta tiene desde hace años unas relaciones demasiado intensas para lo que les gustaría a los conservadores. Y tampoco tenían todas consigo de que no hubiera ninguno de los suyos metido en algo que pudiera complicarse.
El PP de Isabel Bonig de ahora no habría ido a una comisaría y esperado una digestión de dos años. Los de la gaviota tienen prisa por devolver golpe por golpe todo lo que se ha dicho de ellos. Marcados como el partido de la corrupción por el largo historial que ha llenado, llena y continuará llenando los banquillos, los populares intentan extender su mancha con decenas de denuncias sobre fraccionamiento de contratos públicos, irregularidades administrativas, y todo lo que se ponga a tiro contra socialistas y compromisistas, que los de Podemos y Esquerra Unida ya se ocupan ellos mismos de pelearse entre sí. La carrera es ahora contra el tiempo, porque Ciudadanos no tiene pasado, ni bueno ni malo, y el viento sopla en sus velas hacia un horizonte de hegemonía en el centro derecha. Cree el PP que su disposición a dispararle a todo, a llevar al barro cualquier asiento contable le beneficia, cuando lo que hace es emponzoñar el ambiente, crear sospecha sobre la actividad política completa y dar pie a que todos, también ellos, sean vistos como iguales en lo peor. Ese es el precio de cada una de sus victorias pírricas, de cada auto, de cada titular, y la sociedad valenciana seguirá pagándolo mientras no se renueve una dirección popular que desde la oposición no busca justicia sino venganza, que no construye sino que arrasa, que se sintió maltratada y que maltrata.
Esa actitud general de ´ojo por ojo´, tan contraria a lo que se predica en estos días de recogimiento y caridad cristiana, marca especialmente este nuevo caso de presuntas irregularidades electorales y administrativas que aún está pendiente de bautizar. Los papeles que la cúpula popular llevó en 2016 a la comisaría estaban mucho antes en poder del que fue alcalde del PP de Gandia, Arturo Torró, quien durante años alardeó de tener en sus manos secretos que podían acabar con la carrera política de Enric Morera, líder histórico del Bloc y hoy presidente de las Corts, y acreditar la financiación ilegal de los nacionalistas y los socialistas en 2007 en relación con las actividades profesionales de la agencia Crespo-Gomar. Él ahora lo niega todo, y dice que se ha enterado por la prensa de las supuestas irregularidades, pero se jactó de disponer de esa documentación ante demasiada gente, y finalmente no la usó para que resplandeciera la justicia, sino para intentar, primero, evitar ser desbancado en la Alcaldía en 2015 por Diana Morant (PSPV-PSOE); y después, tras fracasar en su propósito, para tratar de forzar la retirada de denuncias judiciales que la oposición había presentado contra él por distintas actuaciones en su etapa de alcalde, entre 2011 y 2015. Si hubiera ido al juez al principio el caso de financiación ilegal, de haber existido, habría podido ser investigado, y no estaría prescrito, como hoy sucede. Además, es bastante probable que no haya destinatario anónimo y que el propio Torró sea quien entregó a Bonig las cuentas de la agencia que llevó las campañas electorales de los hoy señalados.
La caducidad del posible delito electoral estará recogida en el auto cuya firma ha sacado a la luz esta nueva tormenta en los últimos días. Solo un reducidísimo grupo de personas de la judicatura y la fiscalía valencianas y el pequeño corro de habituales con quienes estas comparten sus secretos han tenido acceso al texto de la juez Nieves Molina por el que la titular del juzgado de Instrucción número 21 de València traslada la causa a cuatro juzgados (Madrid -dos-, Gandia y Benidorm) al no encontrar dentro de su ámbito de competencias delito vivo que investigar. Pero de lo que ha salido a la palestra se desprende que el texto, aunque no tenga causa, tiene materia. Tanta que hay quien se pregunta si la jueza no se habrá dejado influir por las duras críticas que los partidos protagonistas de las supuestas prácticas irregulares, el PSPV-PSOE y Compromís Bloc, han realizado a su instrucción del accidente del metro de València en 2006 por su insistencia en señalar como único culpable al maquinista y su convicción de que no hay responsabilidad penal que sustanciar entre los directivos de FGV y los responsables políticos del PP de entonces. La Audiencia de Valencia ha enmendado tres veces la plana a Nieves Molina y en tres ocasiones la ha obligado a reabrir el caso para practicar diligencias que no había tenido en cuenta y para abrir juicio oral. Seguro que los malpensados que van diciendo que la jueza ha podido ceder a la tentación de usar el auto para pasar facturas no tienen razón. Eso no debe ocurrir, ni ocurre en un Estado de Derecho.
Donde sí están desatadas las tensiones es en Compromís. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y también el alcalde de València, Joan Ribó, han dejado claro públicamente que la coalición que comparten con el Bloc se creó después de que sucedieran los hechos que se investigan. Eso significa que la pelota está solo en el tejado de los nacionalistas, de Enric Morera o de quien sea, y que ya se defenderán ellos. En casa de estos hay alarma. En pleno Viernes Santo la sede era un hervidero, con gente repasando papeles y facturas. Una causa puede desequilibrar la coalición y hacer que rueden cabezas. La «vice» crece y sus rivales menguan, quién sabe si hasta tener que ceder ante una entente con Podemos para 2019 que estaba prácticamente descartada por la rama nacionalista del agregado naranja. Dependerá del importe de la factura política que se pase al cobro si la cosa prospera.
En el PSPV hay menos tensión, pero sí preocupación. Ximo Puig, que no estaba en la dirección socialista en 2007, ha anunciado que si se confirma que hubo irregularidades adoptará medidas, y lo mismo han afirmado Manuel Mata y, desde Madrid, José Luis Ábalos, aunque el hecho de que señalados como Joan Ignasi Pla, candidato en 2007, no estén ya en la política activa les da mayor margen y aleja el foco hacia otros puntos.
