Esta ha sido una semana horrible para el Partido Popular. Acosado por las encuestas, que muestran cómo Ciudadanos no sólo le ha sobrepasado electoralmente, sino que se consolidaría en esa posición, el mítico rajoyismo de Mariano Rajoy se manifiesta incapaz de adoptar medida alguna para detener el vendaval que se le viene encima. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está al borde de la dimisión o de su destitución (y si no ha dimitido ya es porque Ciudadanos, en un ejercicio de cinismo muy poco regeneracionista, ha decidido, por ahora, mantenerla para desgastar más al PP). El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, acaba de obtener una importante victoria en su litigio (jurídico y propagandístico) con el Estado español. Rajoy, un líder tranquilo y pausado (ya saben: no hacer nada y dejar que el tiempo solucione las cosas), posiblemente adecuado para gestionar la cosa pública en períodos calmados, previsibles, se está viendo superado por los acontecimientos.
Tenía razón Felipe González al decir que el Estado no debería fiar toda su defensa frente al independentismo catalán a lo que dictaminen los jueces. El expresidente abogaba por haber llevado a cabo una intervención política mucho antes, en 2012 ó 2014, en lugar de esperar a 2017 para aplicar el artículo 155. Una intervención que, además, González posiblemente querría más profunda, y más continuada en el tiempo (recuérdese que el 155 rajoyista ha sido bastante leve en su aplicación, analizado desde sendos parámetros).
Tenían razón también los que dicen que este es un problema político y ha de solventarse políticamente. Manifiestan lo obvio; que no se puede uno limitar a dar la callada por respuesta durante años cuando enfrente hay un movimiento que congrega a la mitad de la población catalana. Pero eso ha sido, precisamente, lo que ha hecho Rajoy durante este tiempo: esperar a ver si el problema se solucionaba. Y al no solucionarse, aplicar el mencionado 155 leve junto con una iniciativa judicial (sea teledirigida por el Gobierno en todos sus aspectos o se les haya ido de las manos) absolutamente desproporcionada, que comporta aplicar delitos a los encausados que, como acaba de poner de manifiesto el tribunal alemán de Schleswig-Holstein al negar la aplicación del delito de rebelión al expresidente Carles Puigdemont, sencillamente no se sostienen. Porque podemos considerar que, etimológicamente, Puigdemont y los suyos se rebelaron frente al Estado (sin duda, así fue); pero no que lo hicieran mediante la violencia, por muchos artificios retóricos que incorporase el juez Llarena en su auto.
Esta decisión conduce al juicio al Estado a dos callejones sin salida: o se juzga a una serie de personas por rebelión, y al líder de la misma sólo se le encausa por malversación (con lo que, por mucho que se retuerza el supuesto, como máximo le impondrían doce años de cárcel, frente a los treinta de la rebelión); o se retira la orden de extradición y Puigdemont se convierte, a todos los efectos, en exiliado político (porque podría campar a sus anchas por Europa, pero no pisar España, donde le esperarían los 30 años por rebelión), mientras los que optaron por quedarse se enfrentan a la justicia española. En ambos casos, el Gobierno español (por no hablar del Estado español en su conjunto) queda en ridículo, y el independentismo sale fortalecido.
No será con medidas de justicia draconiana, justicia adaptada para hundir al enemigo político, al modo de Carl Schmitt, como se solucionará el problema catalán. Ni, desde luego, como el PP obtendrá su salvación electoral. Por fortuna, porque si algo está quedando claro es que al actual Gobierno no le importa retorcer las cosas -por persona interpuesta- lo que sea necesario si piensa que ello le reportará beneficios electorales: léase negar la evidencia con un máster regalado o con delitos inventados.
