A un año de las elecciones locales puede resultar oportuna una reflexión sobre el cambio de 2015 a la vez que una prospectiva de la situación que se avecina. Para consumo del electorado, que los actores ya lo hacen como corresponde.
La cultura de la coalición no siempre ha sido bien entendida y menos aplicada con rigor en nuestra reciente experiencia democrática. La aparente lógica de las mayorías absolutas se ha entendido como la única manera de aplicar las políticas emanadas de los partidos o de sus dirigencias. No siempre fue así. En 1979, UCD fue la lista más votada en numerosas ciudades importantes, entre ellas València. La aritmética política propició el acuerdo PSOE-PCE a escala nacional, dando paso a gobiernos locales de coalición. La experiencia fue sin duda alguna positiva para la ciudadanía y sentó las bases de la transformación de las ciudades.
La abultada victoria socialista de 1983, en paralelo al desplome del PCE, quebró una cooperación útil, aunque breve para unos objetivos de largo alcance. No en todas partes. Algunas ciudades, como Barcelona, mantuvieron sus compromisos con los coligados del primer mandato municipal democrático. Es más, lo mantuvo hasta su desalojo por la derecha de Convergència en 2011. La continuidad de la colaboración asentó un modelo de éxito y aseguró una transformación de alguna manera irreversible.
La falta de cooperación se tradujo, las más de las veces, en trasladar las coaliciones al seno de los partidos mayoritarios. Se tratara del PSOE o del PP, las disputas se centraban en el peso de las diversas familias de las respectivas organizaciones. La riqueza de las aportaciones diferentes se diluía en la miseria de las rencillas tribales, abocando al electorado a una polarización superflua.
Los resultados de 2015 supusieron en primer lugar acabar con mandatos prolongados con sus secuelas de malas prácticas o en todo caso de posturas acomodaticias nada dadas a pensar en un futuro que ya era presente, en los cambios de las nuevas tecnologías, la globalización sin retroceso. La ventilación alivió a la ciudadanía. Además, en casos cercanos, sacudió el resignado sopor socialista.
Sin embargo algunos problemas comunes a todos los municipios apenas han avanzado en los cuarenta años de la recuperación de la democracia. Tardía fue la Ley de Bases del Régimen Local, 1986, y de Haciendas Locales, 1988. Ambas confiaban, sobre todo la primera, en un desarrollo autonómico de sus bases, cuestión que también se abordó con dilación y restricciones inexplicables. En todo caso, desde 1979 hasta 1986 los municipios se adaptaron como pudieron la ley franquista y disposiciones conexas. Por el contrario, el desarrollo inacabado del mandato constitucional ha supuesto inconvenientes crecientes en los ayuntamientos.
Por la vía de leyes ordinarias se han cercenado competencias y, de hecho, se ha impedido el cumplimiento constitucional tanto en lo que se refiere a la autonomía de funcionamiento como, sobre todo, de la suficiencia de recursos financieros para el cumplimiento de sus objetivos y competencias, con el agravante añadido, casi una burla, de las medidas de gracia como la de disponer de sus excedentes tras cumplir los objetivos de déficit. Las leyes de 2013 asestaron un duro golpe sin que nadie se alarmara hasta el punto del rechazo, incluido el recurso al diligente Tribunal Constitucional. De hecho, los entes locales están sometidos a tutela y control, fiscalización e intervención de sus cuentas, con un margen de actuación autónoma menor incluso a la etapa 1979-1988.
Entre tanto, la sociedad ha ido por delante de las previsiones legales y las aspiraciones partidarias. Es plural, diversa, sufre nuevas angustias y amenazas, se manifiesta con más matices que en el período de bipartidismo con el que algunos todavía sueñan. Además aparecen nuevos, o viejos, actores sociales: la mujer, los pensionistas, los jóvenes del precariado.
La higiene democrática exige la abrogación de las disposiciones de tutela y control. El despilfarro, por cierto, no se produjo a causa y por los actores del cambio de 2015, que además de lo antedicho han tenido y tienen que hacer frente a sus consecuencias: deudas, sobrecostes, compensaciones, como corresponde a la continuidad democrática de las instituciones. Al tiempo, se requiere la profundización en la cultura de la cooperación, de las coaliciones, no de intereses ni permanencia, sino de objetivos compartidos con la ciudadanía, a medio y largo plazo.
La singularidad debería servir para identificar el sello distintivo de cada formación sin olvidar los objetivos compartidos. A lo sumo para establecer la hegemonía respectiva y la ósmosis con su electorado. Porque nada augura que una de las partes se alce con una victoria al estilo del pasado. Por la derecha, además de las disputas están los intereses, y las dos formaciones que se reclaman bajo el lema de centro-derecha no dudarán en sindicar sus resultados. O no, como indicamos más adelante.
Los límites entre ambas opciones, la coalición de progreso y el centro-derecha están separados por una estrecha franja electoral, como sucede en toda sociedad madura, así que ni los últimos piensen en un retorno que nada aportaría ni los otros piensen que cada uno por su cuenta reeditará resultados que pertenecen al pasado. El PSOE, desde 1983 con 18 concejales ha alcanzado los 5 en 2015: toda mejora en sus resultados resultará beneficiosa para el conjunto, y por supuesto para la continuidad de un proceso de saneamiento de la vida pública con objetivos compartidos.
Claro que también puede suceder que el PSPV, tomando distancias de sus actuales socios esté buscando un acuerdo con Ciudadanos. Por este camino, Cs tintaría sus discrepancias con el PP de un ligero tono rosado, sin la carga de pasado corrupto y despilfarrador de su referente y el PSPV aseguraría su permanencia institucional a la vez que ganaría la respetabilidad, esto es las bendiciones de los poderes fácticos, económicos. La experiencia andaluza o alguna más cercana señalan camino, aunque podrían descomponerse por vía judicial, tan frecuente ahora. Cuestión aparte, en esta opción igualmente legítima, será quién ostente la hegemonía y si afiliados y electores socialistas la avalan.
