Eso es lo que pasa por renunciar, cuando más falta hacía, a la política y dejar que fuese la justicia la que sacase las castañas del fuego a un Gobierno claramente incapaz.
Uno se temía lo que finalmente ha sucedido: la puesta en libertad bajo fianza del ex presidente de la Generalitat con el delito de rebelión que le atribuía el juez español, desestimado por la justicia alemana.
No nos alegremos por Cataluña. Habría que preguntarse qué habrían hecho los jueces alemanes en el caso de que unos políticos bávaros hubiesen decidido independizarse y dejar a la mitad de la población a la intemperie.
Claro que difícilmente se habría llegado a ese extremo, pues es de suponer que, a diferencia de lo ocurrido en España, habría actuado mucho antes y preventivamente la política, que para eso está.
Ahora el daño al prestigio de España, de sus políticos y de su justicia está hecho. Los separatistas catalanes han demostrado manejarse mucho mejor fuera que la diplomacia española.
El líder del PP, un político tan correoso como falto de imaginación, ha quedado una vez más en evidencia. Y lo peor es la incapacidad de ese partido tan jerárquico para ver unos defectos que deberían estar claros para todos.
La justicia alemana no tenía por qué aceptar los argumentos de la española y lo ha dejado patente al descartar el más grave de los delitos imputados a Carles Puigdemont.
Según los jueces de Schleswig-Holstein que se han ocupado del caso, el delito de rebelión que se le atribuye "no sería punible de acuerdo con la vigente legislación alemana", afirmación que representa un varapalo al Tribunal Supremo español.
Como señala hoy en su página editorial el diario alemán "Süddeutsche Zeitung", una extradición no puede equivaler nunca a una "reverencia" que un Estado hace a otro.
A éste se le debe sólo "respeto y reconocimiento", sin que ello signifique renunciar a un "cuidadoso examen jurídico" de lo que solicita, es decir, de los motivos para la extradición.
Es posible, escribe ese diario, que "la política alemana se enfrente ahora a ciertas dificultades. Pero el Gobierno (de Berlín) se ha parapetado tras la justicia".
Y los jueces "no están para ahorrarles a los políticos dificultades ni para ocultar las consecuencias de sus fracasos o negligencias". ¿No es también lo sucedido en España?
El diario muniqués termina su editorial señalando que, "si todo fuese bien", la decisión de los jueces alemanes podría marcar "el comienzo de una solución política".
Y esa solución implica diálogo: "Con el código penal en la mano, España no va a resolver sus problemas". Es lo que muchos llevamos ya tiempo diciendo.
