El miércoles el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) con cifras en la mano, de forma tan educada como contundente, calificó determinadas decisiones de la Administración General del Estado, de deslealtad institucional con las comunidades autónomas (CC AA). Los datos presentados pueden ser discutidos pero el mensaje que dan es muy trascendentes para el futuro del Reino de España. Es una lástima que estos estudios se dieran a conocer en un acto abierto por un president y clausurado por un conseller, ya que hace perder credibilidad a lo que son números fríos y académicos, no políticos. El hecho que el informe este subvencionado no tiene por qué reducir su profundad y veracidad. Uno se sentiría más cómodo si la independencia intelectual además de ser, lo pareciera, pero esta estética depende de cada académico.
Como es sabido, el actual modelo de financiación se puso en marcha en 2009 siendo elaborado cuando la profundidad de la crisis todavía no era reconocida por el gobierno Zapatero, aunque ha sido en la época de Rajoy cuando las previsiones se han mostrado más equivocadas. Hasta ahora la queja ha sido lo perjudicial que el modelo era para algunas CC AA. Desde el miércoles hay que añadir un elemento adicional a la guerra entre administraciones del Reino de España. Señala el IVIE, que incluso aplicando el modelo vigente, entre 2009 y 2015 (el último año con datos consolidados) se habría hurtado a las CC AA del régimen común 84.500 millones de Euros; en otras palabras la deuda de estas CC AA a finales de 2015 debería ser un 47% menor de la registrada en los balances.
El que fuera conseller de Hacienda de la Generalitat Catalana, Andreu Mas Colell hoy activo soberanista, acaba de publicar junto con dos de sus colabores, su balance del periodo 2011-2015 (Turbulencies i Tribulacions: Els anys de les retallades. Edicions 62. Barcelona 2018). Una vez leído puedo decirles que las referencias a la deslealtad de la administración central son tan constantes, como justificativos del Procés. Este Pensat i Escrit no es lugar para intentar un análisis de lo escrito por el IVIE y por Mas Colell, sólo apuntar que tal como funciona el actual Estado de las Autonomías, España se hace irrespirable. Es un hecho que en este marco se habla cada vez más de deslealtades institucionales y de movimientos independentistas más o menos soterrados.
Las pensiones igual que las retribuciones de los funcionarios para hablar del optimismo del borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, son responsabilidad exclusiva y directa de la Administración Central, al tiempo que las CC AA lo son de la Sanidad, la Educación y de buena parte de los servicios sociales. A grandes rasgos, como indica el IVIE, los servicios públicos responsabilidad del Gobierno Central y los que son responsabilidad de las CC AA son del mismo orden de magnitud. Sin embargo el estado se encarga de recaudar la casi totalidad de los impuestos que los permiten, tanto los que son de su responsabilidad con una financiación directa en los PGE, como aquellos responsabilidad de las
CC AA que posteriormente deben ser redistribuidos de acuerdo con el modelo que nos ocupa. Después aparece la sombra de la deslealtad, especialmente cuando existen déficits y deudas monstruosos de algunas CC AA y se recurre a situaciones endémicas como el FLA, un reflejo de la organización financiera del Estado.
El estado de bienestar de los españoles sigue vías distintas que seguramente muchos ciudadanos no han interiorizado. Cuando los pensionistas salen a las calles es inevitable, aunque no justo, que el gobierno del estado decida hacer frente a estas peticiones que son prioritarias para él, ya que van a ir directamente a futuros votantes. Mientras, la parte que debe ir a la sanidad y al resto de servicios de estos mismos ciudadanos pasan inevitablemente a segundo plano si la lealtad de quien gobierna en el Estado no es impecable; el ciudadano piensa que las CC AA ya se apañaran de alguna manera. La sensibilidad personal es muy distinta cuando se pide recibir un dinero mensual, que en temas de aquello que en algún momento va a recibir el respectivo gobierno autónomo, que pocos impuestos le demanda.
Todos los servicios públicos son básicos pero con la organización autonómica actual, unos se perciben como menos importantes que otros. Las CCAA pueden organizar manifestaciones para que el Gobierno las financie mejor, para dar una mejor sanidad, educación, etc., pero las manifestaciones de pensionistas, no menos justas, son directas y evidentes. Se hace imposible poner sobre la mesa el equilibrio entre servicios públicos. El resultado por ahora es la acusación de la deslealtad.
El ejemplo de esta dualidad, algo demagógica, está en las comunidades forales. Como indica y cuantifica el estudio del IVIE, la no participación de Euskadi y Navarra en el actual Sistema de Financiación, esto es, en la manifestación de su insolidaridad con el resto de CCAA ha supuesto que las del régimen común estemos perdiendo 1.300 millones anuales. Llámenlo como quieran, deslealtad institucional o con la educada formulación usada por el IVIE «problema operativo del sistema», pero la situación nos rompe como Estado.
Los jubilados vascos han sido los más activos en las protestas sobre pensiones, en cuya sistema solidario legítimamente participan como españoles. Al tiempo, con el cupo como razón, estos mismo jubilados gozan de un sistema sanitario muchísimo mejor que el del resto de españoles, cosa que desde luego no les deslegitima para exigir mejores pensiones. No voy a hacer juicios morales, pero lo cierto es que el sistema autonómico actual hace que los españoles sean desiguales.
Nadie duda que el futuro de España pasa por una descentralización eficaz y democrática, pero día a día, el batiburrillo de nuestras CCAA y sus transferencias nos explota en la cara con demasiada frecuencia, con problemas que creíamos superados y que van desde el nuevo nacionalismo carlista hasta actividades autonómicas propias de palco del Bernabeu. La revisión del modelo de financiación más que una necesidad ya es un problema de convivencia entre españoles. Afortunadamente, los constitucionalistas dicen que es posible readaptar la situación actual.
Los míticos 5 votos del PNV para los PGE de 2018 es posible que mantengan a Rajoy pero nada van a resolver sobre un futuro, federal o no, sin diferencias básicas entre españoles.
