La Unión Europea acaba de publicar el informe anual de 2017 sobre el fraude alimentario. Se percibe en el mismo, al fin, el interés sincero en abordar este problema de manera decidida, de modo que en los próximos años se logre equiparar las actuaciones contra el fraude alimentario a las existentes en el campo de la seguridad alimentaria. La unificación de las distintas redes vigentes de alertas alimentarias (riesgo sanitario), incumplimientos (sin riesgo) de la legislación y fraude en una única plataforma de coordinación y comunicación entre los Estados, sin duda acrecentará la eficacia en la lucha contra esta lacra que amenaza a los consumidores. Otro indicador que señala que el fraude alimentario se incorpora a la agenda de las prioridades de la política alimentaria, es la creación de centros de referencia para la autenticidad y la integridad de la cadena agroalimentaria, que deben ser el soporte científico-técnico para combatir con eficacia las prácticas fraudulentas o engañosas.

Para las autoridades europeas, y por lo tanto para todos los países miembros, el fraude alimentario se caracteriza por cuatro ingredientes básicos: a) violación de la ley; b) intencionalidad; c) ganancia económica y d) engaño al consumidor. En muchas ocasiones, los casos de fraude alimentario son además la vía de entrada de peligros para salud pública, como ocurrió con el reciente caso del incidente del plaguicida fipronil en las granjas de pollos holandesas y belgas, o la crisis de la melanina en la leche en China. Afortunadamente, la mayoría de casos de fraude no tienen repercusiones para la salud, y están vinculados básicamente con el etiquetado engañoso, la modificación del producto, los aspectos documentales o los tratamientos no autorizados.

La lucha contra el fraude alimentario tiene un necesario componente policial. De ahí que la Comisión Europea este reforzando su cooperación con Europol en el marco de la denominada operación Opson. En 2016 Europol decomisó mercancías fraudulentas por valor de 230 millones de euros, con más de 50.000 inspecciones efectuadas en 21 Estados de la UE.

Este contexto incentiva a su vez el interés de la industria alimentaria por disminuir su vulnerabilidad contra el fraude alimentario. De ahí que las empresas comienzan a diseñar sus propios planes de prevención del fraude, que contempla el análisis y las medidas internas frente a los tres elementos que lo propician: 1) las oportunidades técnicas para la adulteración o la falsificación; 2) las motivaciones (sobre todo económicas y la ausencia de una ética de los negocios) y la falta de control.

Un gran pacto entre las Administraciones, la industria alimentaria y los consumidores puede ser una potente herramienta para luchar por la defensa de los intereses de los consumidores y los legítimos intereses de la industria agroalimentaria. Aquí, la Comunitat Valenciana tiene mucho que aportar por su compromiso firme con la seguridad y la calidad agroalimentaria.