Minutos de silencio: mucho ruido. «Nuestra más enérgica condena»: mucho ruido. Juzgados especiales de violencia sobre la mujer: mucho ruido. «Entre todos hemos de acabar con esta lacra»: mucho ruido. Pero este es el Gobierno del mucho ruido y pocas nueces, el Gobierno de unos profundamente consternados (eso sí) Mariano y Soraya ante cada nueva muerte de una mujer a manos de su pareja o expareja. El Gobierno que impulsa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y lo presenta a los medios con música de trompetas y timbales. «Hoy culminamos un acuerdo histórico», dice la ministra Dolors Montserrat. «En 2018 aportaremos 200 millones de euros». Pero llegan los Presupuestos Generales del Estado y resulta que las cuentas contemplan 80 rácanos millones y allí se las componga cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, cada juzgado.
Casi mil mujeres han sido asesinadas desde 2003 en este país, decenas de miles han sido maltratadas y humilladas a manos de sus parejas y, a todas ellas, se las ha animado a denunciar a su agresor, un paso que para la mayoría no tiene vuelta atrás y que supone comenzar un largo viacrucis personal y administrativo en el que toda la vida familiar salta por los aires. Pero ni eso conmueve a un Gobierno que -lo recordaré aun a riesgo de que el lector me bautice con el epíteto de moda: populista- incrementa su gasto en defensa nada menos que un 11 % y se sube el sueldo un 1,5 %.
¿Es digno de un país tan europeo, tan integrado en la OTAN (a los compromisos con esta organización apela el Gobierno para hacer multimillonarios a los fabricantes de armamento), que jueces y fiscales tengan que manifestarse para reclamar más medios, más capacidad de impartir justicia? La solución a la sobrecarga, el colapso y la precariedad en materia de justicia, y en especial en lo que se refiere a los casos de violencia de género, no es fácil, muchos son los factores que dificultan su normal funcionamiento.
El próximo asesinato está al caer, lo predicen todas las estadísticas realizadas hasta la fecha. No hay mes en el que una mujer no muera en España a manos de un hombre. Entonces saldrá Rajoy, saldrá Santamaría y saldrá el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a animar a todas las mujeres que sufren violencia en el hogar a que denuncien. Pasarán por alto la situación de los juzgados en España, lo delicado de estos asuntos, el altísimo riesgo que conlleva para una mujer denunciar sin que pueda garantizarse su protección y la de sus hijos. Ya me dirán qué hacemos en un país en el que uno de los pilares de la democracia está infradotado, precarizado, víctima del altamente tóxico síndrome del mucho ruido y pocas nueces.
