21 de abril de 2018
21.04.2018

Quién teme a las ciudades

02.05.2018 | 14:21
Quién teme a las ciudades

Según Naciones Unidas, para el año 2030 el 70 % de la población mundial vivirá en las ciudades. La constatación de esta realidad, junto con el reconocimiento de la efectividad de la política local a la hora de generar cambios e impulsar transformaciones socioculturales, en comparación con las políticas macro, ha hecho que la propia ONU reoriente muchas de sus actuaciones para adaptarlas a escala municipal. Lo glocal (pensar globalmente, actuar localmente) se convierte en el eje vertebrador de muchas políticas.

Un ejemplo reciente lo tuvimos en València con motivo de su declaración como Capital Mundial de la Alimentación en 2017 por la FAO, una fantástica materialización de cómo las políticas alimentarias para la sostenibilidad y la salud adquieren pleno sentido cuando se implementan desde lo local. Porque las administraciones locales son la primera y más cercana referencia política en nuestras vidas y, por ello, sus acciones, mensajes y posicionamientos impactan en el imaginario social y nos interpelan personal y colectivamente de una manera directa.
De esta manera se entiende la importancia de las ciudades como espacios clave para el desarrollo efectivo de las políticas públicas, especialmente aquellas relativas a la igualdad de oportunidades y derechos de la ciudadanía, la inclusión social o la convivencia. Y, dentro de ellas, son especialmente relevantes aquellas que persiguen la igualdad de género, esa discriminación que atraviesa de manera transversal el resto de desigualdades, y la eliminación de las violencias hacia las mujeres.

Por ello no se entiende la torpeza, la falta de sensibilidad y la incapacidad para leer el momento político del Gobierno de España –más aún después de las movilizaciones feministas del 8M– al no haber consignado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 los 200 millones de euros aprobados en el Congreso para el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Ni los 20 millones para los ayuntamientos ni los 100 para las comunidades autónomas. Únicamente aparecen los 80 millones para actuaciones de ámbito estatal. Estafa monumental y sin complejos.

El pacto también incluye como novedad importante para el municipalismo la asignación como competencias propias de la Administración local la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención y la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, mediante la modificación tanto de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local como de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, evitando las duplicidades de competencias entre administraciones. Es urgente que el Gobierno presente un proyecto de ley para acometer dichos cambios legislativos.

No podemos permitir que el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género se convierta en el papel mojado que pretende el PP. Las ciudades exigimos las competencias propias y los recursos económicos acordados para continuar y ampliar nuestras propias políticas de igualdad, de sensibilización y prevención del machismo y la violencia en todas sus formas.
Como decía, los grandes retos políticos actuales se abordarán en las ciudades.

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