Según los indicadores demoscópicos, la justicia es en España uno de los ámbitos con peor reputación. Ya sea porque los operadores en este campo no somos capaces de responder a las exigencias justas de los ciudadanos, por la lentitud de su maquinaria o por el relato que los actores vamos configurando. Si queremos cambiar esa dinámica, si queremos una mejor y más rápida aplicación de la justicia en España, hemos de reivindicar medios, proponer mejoras, corregir errores propios y no confiar exclusivamente en los que los políticos sean quienes articulen nuestro ordenamiento jurídico, en función en ocasiones de intereses que no son los de toda la ciudadanía. Y en este afán de mejora, los profesionales que trabajamos en el sector -abogados, jueces y fiscales- estamos obligados ante la sociedad a plantear soluciones. La inacción o mera contemplación no es una opción.
Hace dos semanas se concentraron unas decenas de abogados en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Valencia, y lo mismo ocurrió en la mayoría de ciudades de toda España. El episodio fue pacífico, ejemplar, sin alteración alguna, y con el objeto de reivindicar una serie de puntos que bien pueden ser asumidos al completo por toda la ciudadanía, y con mayor razón por las instituciones. Por ello eché de menos en esa concentración a nuestro Colegio de Abogados -al ICAV- a nuestro decano Rafael Bonmatí, a la junta que nos preside y a quienes pretenden ponerse al frente, representar y defender a la abogacía en su conjunto. Otros decanos, como el del Colegio de Madrid, sí que se pusieron al frente de sus compañeros.
Reclamamos una justicia independiente, imprescindible para ganarnos la confianza de toda una sociedad, sin injerencias ni presiones que pretendan doblegar la voluntad de un juez imparcial; junto con la libre designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces y no por los políticos de turno. Una justicia accesible, exenta de tasas judiciales y al alcance y facilidad de todo ciudadano. Un justicia cercana, reivindicando soluciones realmente efectivas y reales a la gran cantidad de reclamaciones de consumidores burlados y engañados por entidades bancarias, ante sus demandas de devolución de gastos hipotecarios, cláusulas abusivas y productos financieros tóxicos, demandando resoluciones rápidas, con un esfuerzo especial de dotación de medios personales y técnicos. Una justicia que responda ante situaciones que, de alguna forma u otra, no ha sabido responder convenientemente el Estado, por lo que está obligado a propiciar una pronta y satisfactoria solución de los perjudicados.
Una justicia eficaz, con dotación de los medios telemáticos adecuados y su implementación. Una justica con medios, porque sin ellos la Administración de justicia es lenta, tremendamente lenta, en solucionar los asuntos. Hoy resulta inadmisible que las causas se resuelvan transcurridos cuatro, seis, diez años o más. Es vergonzoso, pero como es vergüenza compartida y parece que todos tenemos una excusa o explicación, nadie hace nada. Y sin embargo, quien más lo sufre es el ciudadano. Se dice que los políticos no quieren otro tipo de justicia, por lo que tendremos que ser el resto quienes forcemos el cambio.
Reivindicamos un turno de oficio digno, porque debe tratarse a los abogados que prestan este servicio con la dignidad del trabajo que realizan en atención, reconocimiento y retribución acorde a la responsabilidad que implica esta prestación a quienes carecen de medios para costeárselo por si mismo. En otros ámbitos profesionales/laborales estaríamos hablando de retribución basura.
Aspiramos trabajar en un ámbito laboral donde reine la conciliación profesional, porque deben realizarse modificaciones legales que permitan el establecimiento de medidas efectivas de dignificación de la profesión y conciliación de la vida personal y familiar, también en el ámbito de las profesiones jurídicas y su actividad. Y miren, seguramente será mucho esperar de nuestros representantes, políticos de nuevo, pero no por ello debemos dejar de pedir un pacto nacional por la justicia, actualmente inalcanzable, ante el estrepitoso fracaso en el Congreso de los Diputados de la subcomisión de estudios de la estrategia nacional de justicia, disuelta en 2017.
Los profesionales de la justicia, y los abogados en concreto, ante tanto fracaso, no debemos rendirnos ni desistir de trabajar por su reforma y mejora. La justicia afecta a todo tipo de colectivos de una forma transversal, a todas las edades, todos los sectores e ideologías. Los problemas de la justicia parece que no son de nadie porque afectan a públicos diversos sin conexión directa. Y, sin embargo son un problema de todos. Lo cierto es que sólo nos alarmamos cuando vemos casos expuestos en los medios de comunicación, que como no puede ser de otra forma, presentan una visión limitada de los conflictos.
Para entendernos, es un efecto perverso que sucede igual en el ámbito de la educación. Todos somos conscientes de la necesidad de un pacto y de un acuerdo que mire por su mejora pero resulta imposible de alcanzar. Educación y justicia, en boca de todos pero sin soluciones. Debemos doblegar esta falta de voluntad con la elección de unos líderes en instituciones y partidos con la capacidad suficiente para comprender que su mayor victoria sería el acuerdo en un proyecto consensuado de mejora de la justicia, un hito anhelado por toda la sociedad.
Me sumo a cualquier iniciativa que concite voluntades diversas para trabajar por la reivindicación social de una justicia más independiente, más cercana, más eficaz, más dotada de medios, más conciliadora, que dignifique el trabajo del turno de oficio. Bienvenido sea todo el que quiera.
