Durante el transcurso de elaboración de la ley se debatió largo y tendido sobre la necesidad de terminar con el interinaje en las policías locales, basado en razones de índole jurídica fundamentalmente (no son agentes de autoridad, las denuncias que imponen no tienen más validez que las de un particular, no deberían ni redactar ni firmar atestados/denuncia, incluso las detenciones que hacen pueden resultar cuestionadas). Dada la inseguridad jurídica que entraña la persistencia de esta figura, la Ley 17/2017 de Coordinación de Policía Local dejó claro, negro sobre blanco que los cuerpos de Policía Local sólo podrán estar constituidos por funcionarios de carrera. Así lo atestiguan sentencias recientes de los tribunales superiores de justicia de Baleares y el País Vasco.

La opción contraria, mantener el interinaje, puede interpretarse como un engaño al que se somete a la ciudadanía al consentir que personas realicen diariamente funciones como si fueran personal funcionario de carrera pero sin la capacidad técnica y jurídica necesaria y los plenos derechos y facultades que se requieren de un agente de la autoridad en ejercicio.

Durante el debate de la ley se comprobó que ningún otro cuerpo de policía tenía en sus filas personal interino (ni la Nacional, ni la Guardia Civil, ni la Ertzaintza, ni Mossos, ni la Foral de Navarra, ni la General de Canarias) y que incluso en la mayoría de las comunidades autónomas, sus policías locales tampoco tienen interinos, pese a que muchas, al igual que en la nuestra, contaban con temporadas turísticas de incremento masivo de visitantes. La opción que se baraja por parte de algunos ayuntamientos y grupos políticos sobre una posible moratoria o decreto ley, para poder seguir contratando interinos significa una grave irresponsabilidad, una actitud reaccionaria ante el cambio de paradigma que propone la nueva Ley de Coordinación y que supone una apuesta de futuro por la profesionalidad de los policías y del servicio público.

Frente a los problemas que los diversos municipios plantean, la solución es, tal como se planificó, acelerar la puesta en marcha de las opciones que la propia ley diseña, tales como consolidación del empleo para poner fin a la precariedad, asociación de municipios para servicios conjuntos, programación y elaboración de planes de actuación territorializados, convenios de colaboración que aborden la cesión mutua de personal en comisión de servicios, compartir recursos, poner en marcha la encomiendo de las oposiciones a través del Ivaspe de manera urgente y acelerar las convocatorias, con ofertas de plazas y un calendario escalonado entre otras.