La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) cumple 42 años. Quiero rendir mi pequeño homenaje a todo lo que representa, desde los funcionarios del organismo, hasta el último mutualista y beneficiario de casi millón y medio de ciudadanos usuarios de sus servicios, deteriorados durante la crisis por la escasez de financiación y de personal. Destacaría los cerca de 460 millones de euros que Muface ahorra a los contribuyentes españoles. Si restamos a los 1.134 euros de gasto sanitario público per cápita, los 827 anuales de prima media por asegurado de Muface, las cuentas sí salen.

Pero los mutualistas y sus beneficiarios no son unos privilegiados cuando caen enfermos; más bien, todo lo contrario. Pongamos un ejemplo: el mutualista Juan, de 50 años, que pasea cualquier día junto a su hijo Luis, sufre un desvanecimiento y queda inconsciente en el suelo. Luis, al que su padre le ha repetido infinidad de veces que ante una situación de emergencia debe llamar al teléfono de urgencias de su entidad, se ha dejado el móvil en casa y ante la gravedad de la situación decide llamar al 112, cuyo servicio de urgencias se presenta rápidamente y deciden el traslado al hospital público.

Pasados unos días, Juan recibe el alta hospitalaria. Juan, que se encuentra ahora de baja laboral, sabe que va a tener que abonar la factura de miles de euros del 112 y del hospital público que le ha salvado la vida, porque a pesar de que el Gobierno anunció su compromiso de impulsar instrumentos de colaboración con los servicios de salud de las comunidades autónomas que atiendan a mutualistas en situación de emergencia, cuatro meses después nadie se hará cargo de dicha factura.

Además, Juan, ahora paciente crónico, para comprar determinados medicamentos para sobrevivir, deberá: primero, acudir a su médico para que le extienda la receta, que trasladará a los servicios provinciales de Muface y depositará en un buzón. Posteriormente, Muface sellará la receta y la enviará por correo ordinario al domicilio de Juan, y si Juan recibe en su buzón de Correos su receta sellada antes de 10 días, podrá comprar su medicamento.

Pero aquí no acaba su pesadilla. Tres meses después, solicita el subsidio de Incapacidad Temporal, porque sabe que su Administración solo le abonará a partir del día 91 su sueldo base (611,31 euros) de auxiliar y sus 3 trienios (18,27 euros por cada trienio). Llega el cuarto mes, su especialista no aconseja aún el alta, Juan cobra su nómina de su Administración pero el subsidio, pasan las semanas y no lo cobra. No sabe todavía que para cobrar su subsidio, Muface tiene que casar el parte de baja, la licencia por enfermedad y el impreso denominado F17. En cuanto Muface tenga los documentos, abonará a Juan su subsidio mensual, un proceso que en ocasiones puede retrasarse más de dos meses.

Un procedimiento obsoleto, que deja a todos los mutualistas en servicio activo desamparados cuando más lo necesitan, tanto para obtener determinados medicamentos, como para cobrar sus retribuciones, que podría solucionarse con una simple comunicación telemática de IT entre su Administración y Muface, y la implantación de la receta electrónica. Juan acaba de darse cuenta de que no es ningún privilegiado por ser mutualista, a pesar de haber salvado su vida.