No es verdad que llevemos conviviendo en España 23 años con una laguna o indefinición legal a la hora de castigar los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Los salvajes de "la Manada" no se han ido de rositas para su casa: siguen entrerrejas y han sido condenados a 9 años de prision.

Que una sentencia discutible -o, si se quiere, directamente equivocada- provoque indignación en la sociedad no constituye por fuerza un síntoma de fallo en nuestra legislación penal. Nuestro sistema procesal y constitucional dispone de suficientes mecanismos de reacción para rectificar y corregir esta sentencia

Pero no se les ha dicho estas cosas claras a los ciudadanos que han salido alarmados a la calle. Se les ha confundido con declaraciones oportunistas que solo han contribuido a la desconfianza en el sistema judicial. No cabe duda que, alguna vez, desde la judicatura no ayudamos a esa necesaria confianza ciudadana, como sucede en estos casos en donde se viene interpretando una idea de resistencia en la víctima que no existe en la ley penal. Pero que la clase política, Gobierno incluido, en lugar de alentar con la ley en la mano la confianza en el funcionamiento del sistema judicial, que aún no ha agotado su recorrido ni ha dicho la última palabra, salga a los medios con el mensaje de que ya mismo se va a estudiar cómo volver a retocar !por trigésima cuarta vez el Código! constituye la peor consecuencia imaginable de una mala sentencia.

Cualquier ciudadano puede criticar una sentencia. No es preciso que sea experto en Derecho. Basta con que razone. Pero ningún ciudadano puede rechazar una sentencia. La ley se critica, pero no se rechaza, porque detrás del rechazo solo aguarda la implacable jungla emocional. Así de claro.