Estimado señor Montoro, soy Mario Sánchez, licenciado en Economía y alcalde de Requena, un municipio de 20.320 habitantes del interior de la provincia de Valencia. El ayuntamiento al que represento ha alcanzado un resultado presupuestario positivo en cada uno de mis casi tres años de gobierno. En total, el resultado acumulado es de 4.811.069,24 euros. Además, en 2017 pagamos al día a nuestros proveedores por primera vez desde que los ayuntamientos calculan el período medio de pago a proveedores.

Sin embargo, me veo en la obligación de redactar un Plan Económico-Financiero (con los recortes correspondientes) por incumplir la regla de gasto del año anterior. Esa regla es una perversa herramienta de control para los ayuntamientos. En teoría, busca limitar el gasto con el loable objetivo de evitar nuevas burbujas en la Administración local. Se calcula en base a la liquidación del presupuesto anterior (lo que te has gastado el año pasado) y se multiplica por un porcentaje que no debe ser superior al crecimiento de la economía. Así, el presente año podré gastar lo que el anterior y un poquito más. En la práctica, lo que se consigue es penalizar al ayuntamiento que sí hace sus deberes. Por surrealista que pueda parecer, cuanto más se ahorre, menos se podrá gastar el ejercicio siguiente. Ya no es que nos impidan gastar lo ahorrado, sino que además tenemos que seguir haciéndolo en una cuantía similar. Pongamos un caso práctico: un ayuntamiento tiene gastos en 2016 por 10 millones de euros. En 2017 podrá gastar 10 millones y un pellizco más. Pero el equipo de gobierno decide reducir gastos para amortizar antes su deuda y gastan 8 millones. Pues bien, para el año 2018, el gasto permitido se reduce a los 8 millones del año anterior más ese pequeño porcentaje, pese a que haya sido algo extraordinario. Es como si una familia decide, después de vivir unos años complicados, ahorrar para pasar unas vacaciones y cuando llega el momento de reservar el hotel les dicen: «Disculpe, tiene usted prohibido irse de vacaciones y además debe seguir ahorrando. Todo su esfuerzo no ha servido para nada».

¿Es que nadie en el ministerio se da cuenta de este sinsentido? Escribo esta carta a un ministro que ha aumentado la deuda del sector público en 399.975 millones de euros, desde los 744.323 millones a finales de 2011 hasta hasta los 1.144.298 millones de euros de 2017. Mientras, los ayuntamientos hemos reducido nuestra deuda en 6.681 millones de euros desde junio del 2015. Y si España cumple (más o menos) con sus objetivos de déficit es gracias al trabajo de muchos equipos de gobierno, de todos los partidos políticos, en los ayuntamientos de nuestro país, que están pagando los desmanes de la anterior etapa en que éramos ricos (o eso parecía).

Si se hubieran aplicado las herramientas de control, que sí existían, durante el período previo a la crisis, no habríamos alcanzado esta situación. Entonces se miró hacia otro lado y ahora estamos vigilados con una pistola apuntando a nuestras cabezas. Ni tanto, ni tan poco.

Le ruego que reconsidere la aplicación de la regla de gasto y deje de penalizar a los ayuntamientos que, con su buena gestión, ayudan a moderar el gasto público. Porque no me penaliza a mí como alcalde, castiga a todos los vecinos y vecinas que tienen peores servicios y menos inversiones de las que merecen.

Confío en su raciocinio y buena fe.