Al igual que ocurre con el agua, los bosques o el mar, en España se permite el aprovechamiento de los recursos mineros. Pero, a diferencia del resto de sectores, el subsuelo español no está protegido por una normativa marco que regule la explotación de yacimientos de minerales o aguas termales de forma ordenada, sostenible y respetuosa con la naturaleza. En un momento en el que los proyectos mineros cotizan al alza, a menudo afectando a espacios protegidos, SEO/BirdLife reclama al Gobierno de España y las fuerzas con representación parlamentaria una Ley de protección del subsuelo y de los recursos geológicos.

Es la principal conclusión del informe jurídico La situación legal de la minería en España y su relación con la conservación ambiental, realizado por la ONG ambiental. La segunda, e igualmente importante, es la urgencia en revisar la actual Ley de Minas, publicada en 1973 y que no recoge el marco competencial alumbrado en la Constitución Española ni la normativa europea al respecto, que España lleva décadas incorporando a su ordenamiento jurídico.

El análisis de SEO/BirdLife concluye que la Ley de Minas se ha convertido en una cómoda herramienta de carácter técnico que ha consolidado una inercia en el sector que favorece su mantenimiento, tanto por parte de las empresas que explotan el recurso como por parte de las propias administraciones. De hecho, aunque la reforma se ha intentado en varias ocasiones, significativamente en 2003 y 2015, nunca se ha alcanzado el acuerdo con las entidades representativas del sector.