11 de mayo de 2018
11.05.2018

Palabra de ley

11.05.2018 | 04:15
Palabra de ley

Una sentencia interruptus que deja sin goce a todos. No encuentro mejor manera de sintetizar la perplejidad, la prevención, la rabia y la reflexión que ha producido el auto sobre La Manada. El dictamen en debate entre la necesaria serenidad y la comprensible indignación. No estamos los ciudadanos, heridos de tanta violencia de género como de corrupciones, para cogernos la conciencia y la moral con papel de fumar. Y mucho menos con el de estraza de aquellos que comparan el cabreo de las manifestaciones con una turba en llamas, y las acusan de tejer posverdades, de querer imponer una ideología de género. De poco sirve la explicación de pie chico entre un término exculpatorio y una palabra merecidamente condenatoria. Las palabras no son inocentes. Tampoco la conciencia ni la imaginación. Y he aquí tres complejos interrogantes que sustentan el malestar ético ante el veredicto. ¿Qué imaginó, a tenor de las pruebas y las declaraciones, cada uno de los jueces acerca de lo que sintió la víctima con 18 años de cinco cazadores de sexo reincidentes?, ¿en qué conocimientos o moral se apoyó su conciencia individual y de tribunal para discernir entre abuso y violación?, ¿las palabras con las que han evaluado la culpabilidad sólo son nomenclaturas, taxonomías y dogmas que se adoptan a pie juntillas?

El imperativo del artículo 741 de la ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que todos los tribunales dicten sentencia atendiendo exclusivamente a las pruebas practicadas en el juicio, a las argumentaciones expuestas por las acusaciones y las defensas, y a lo manifestado por los procesados. Es lo exigible y lo normal. Al menos para todos aquellos que no han experimentado en su propia piel las declaraciones sesgadas o inducidas; la destreza de unos letrados frente a otros; el pertinente estudio del caso cuando llega de anteriores resoluciones y recursos. Además de las presiones mediáticas, me pregunto si es admisible añadir la de los principios religiosos, incluso el background cultural de los jueces. Esto ocurre con los profesores en la docencia; con los médicos en su práctica y con los periodistas en su ejercicio. ¿Defendemos nuestra convicción absoluta en la asepsia profesional por encima de lo que cultural y moralmente somos?, ¿la interpretación de la ley es ajena a todo?, ¿se trata de una mirada microscópica o ha de buscar una pedagogía en su veredicto? Porque si cada uno de nosotros hace su propia edición de la realidad, de la misma la hacen los jueces. Más aún si esa decisión, acerca de un presunto delito, depende en grado del desbroce que haga cada uno de un Código de 1995, más de 30 veces reescrito, poco enfocado y sensible al aumento de las víctimas de la violencia de género; los abusos destapados por el Metoo; al éxito entre los jóvenes de canciones con letras preocupantemente machistas; y en última instancia a las denuncias de anteriores abusos en las fiestas de los sanfermines. ¿Cómo se tiene en cuenta todo y se dirime con imparcialidad y sin perder pie entre las fisuras, vacíos y vericuetos que contienen las leyes, y por los discurre siempre la culpa y la inocencia? Muchas exigencias, sí, pero también sombras con peso sobre esa conciencia que imagina, se interroga a sí misma, interpreta y decide. Sabiendo que nunca se contenta por igual a todos pero ha de ser ejemplarizantemente justa, y diría que también humana.

La sociedad se ha dividido –es la moda de estos tiempos maniqueístas– entre la irritación por la sentencia y aquellos que, en el privado de los waspas, cuestionan que la joven no fuese violada, posicionándose al lado de Alberto González. El juez que desde el inicio dudó de la versión de la víctima. Le dijo que su denuncia de que fue violada era solo «la percepción» de ella; afirmó que la grabación mostraba un ambiente de «jolgorio y regocijo», sin evidenciar su «repugnancia, rechazo o desazón», y que había dejado claro que no había sentido dolor. ¿No hay abogados como Atticus Finch? Sólo el machismo más recalcitrante y el miedo al avance del feminismo explican la proliferación de mensajes contra la víctima. El porno parece haber descerebrado la sexualidad del hombre. En peligro de extinción el fauno de la seducción, impera el centauro del rapto y la consumación de un constante deseo de usar y de tirar. Baudrillad lo explicó mejor hace unos años: «El goce ha tomado el aspecto de una exigencia y de un derecho fundamental».

Otra cuestión que ha vuelto a orlar en la pista de circo en la que se ha convertido este país, entre la endogamia y la esquizofrenia, es la querencia a juzgar con vehemencia o desprecio las conductas de otros. Sin saber ni profundizar nos vale un comentario, una sola visión acerca de una cuestión que atañe a varios para fallar en contra. Sucede de manera más contundente con la ideología y con el feminismo, alrededor de sus reivindicaciones, sus derechos y de la postura pública desde la que nos pronunciamos. Las coordenadas de la verdad no las posee nadie. Ni en lo más cotidiano donde entendernos, ni en este terrible suceso cuyo laudo pone en duda que las relaciones sexuales no consentidas constituyan una violación. No hubo día en el que no se cuestionase a la víctima, como el hecho de que intentase recuperar su vida tras el trauma. Y a cuadros se queda uno ante el testimonio de La Manada de que todos eran guapos para la chica que les tentó en su celo de poder con todos. En un juicio es difícil ser la víctima, al que en los contenciosos laborales denominan actor. Pero ser mujer en uno que juzga si ha sido abusada o violada es ser una doble humillación de la dignidad.

Hace tiempo que la Asociación de Mujeres Juezas de España pide cursos de género obligatorios para jueces, abogados y policías, con el propósito de derribar los mitos de la violación, como denomina la ONU –que ha advertido que la sentencia subestima la gravedad del delito- a los prejuicios sobre las víctimas antes, durante y después de la agresión. Enoja la seguridad de que no hubo violencia porque no fue agredida físicamente ni se resistió, a pesar de que un estudio certifica que el 70% de las mujeres queda bloqueada durante una violación más si son cinco.

Manda huevos que en el siglo XXI tengamos que educar a nuestras hijas en los peligros de una agresión sexual y aconsejarles que si les sucede no se resistan, cierren los ojos y esperen que pase rápido, porque si pelean su dignidad pueden perder la vida. Lo mismo que la escritora Carmen Riera diga en una entrevista que una mujer se queda más tranquila cuando escucha en la noche pasos tras ella y resultan ser los de otra mujer.

Ahora toca esperar el juicio del Supremo y que termine de forma justa. Así lo deseamos todos y la comisaria europea de Justicia e Igualdad de Género, Vera Jourová. Mientras, es necesario seguir trabajando para actualizar el Código Penal, al igual que los modelos de virilidad y los patrones de elección de pareja. E insistir en la educación para que no existan manadas cuyos abogados vean como imbéciles patanes primarios pero buenos hijos que quieren a su familia. Y aprovechando que los libros nos salen ahora al paso, podríamos releer El proceso, de Kafka; Casa de muñecas, de Ibsen; Los hombres que no amaban a las mujeres, de Larsson y El abuso sexual, de Patti Feureisen. Sus lecturas desde el colegio quizás ayudarían a que deje de ser una utopía que ningún hombre tenga derecho a hacer que una mujer se sienta inferior a él.
Hay que rechazar los linchamientos públicos y defender la justicia como pilar básico de la democracia, con independecia, eficacia y dignidad, como reclaman los jueces. Y sin que, como ha sucedido, se intente convencernos de que las penas de prisión son lo importante y no los términos de la condena. Pero también está claro que con esta incomprensible sentencia, la cabeza y la calle son un mismo corazón en rojo.

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