Al tiempo que el Conseller de Hacienda no deja de quejarse, con razón, de la monstruosa deuda de la Generalitat Valenciana (GV) y de la mala financiación que ésta recibe, su compañera la Consellera de Sanitat presume de que al finalizar 2018, dos millones de valencianos (el porcentaje más alto de todas las Comunidades Autónomas del régimen general) van a estar exentos del copago farmacéutico.
Desde una defensa racional y duradera de un sistema público de sanidad un copago inteligente, solidario y afinado es imprescindible. Doscientos años después del nacimiento de Carlos Marx, su principio: «Cada uno según su capacidad, cada uno según sus necesidades» sigue siendo básico. La gratuidad total no es la solución. Es suicida volver a la farmacia como una especie de barra libre. Hacerlo significa la alegría de la industria farmaceútica y un mayor agotamiento de las cuentas autonómicas.
El propio PSOE, en cuyas cuitas partidarias tanto oficia Carmen Montón, en su programa para la generales de Junio de 2016 prudentemente hablaba de «revisar el copago farmacéutico para tener en cuenta criterios de necesidad y cronicidad». Hablar de necesidad y cronicidad si es inteligible y progresista, desgraciadamente el pensamiento que manda en la GV puede rozar lo demagógico: hacer promesas populares (no pagar siempre causa alegría) pero difíciles de cumplir (la deuda de la GV lo imposibilitará) para convertirlas en instrumento de ambición política (elecciones en 2019). De la oposición mejor olvidarse ya que el debate del jueves en Les Corts mostró encefalogramas planos y nulas autoridades morales.
Cuando el salario mínimo en 2018 alcanza los 735,9 euros/mes, el Consell ha decidido poner el nivel de los 18.000 Euros (1500 ?/mes en 12 pagas o 1.286 en 14) como línea que marca la excepción del copago para una serie de grandes colectivos (jubilados, familias monoparentales, perceptores del desempleo, personas sin papeles, jóvenes de menos de 18 años, etc.). Es la simpleza del blanco o negro propio de la incompetencia para manejarse en situaciones complejas.
El copago se usa para frenar tanto el gasto, como el uso excesivo de los recursos sanitarios, es un mecanismo presente en toda Europa. En la socialmente avanzada Finlandia, una visita al médico de familia cuesta 13,8?. En Irlanda, una hospitalización le sale por 75? diarios a un irlandés, aunque por solidaridad el paciente solo paga los diez primeros días ya que a partir de entonces la factura corre a cargo del Estado. Portugal cobra 20? por los servicios de urgencias hospitalarias, a excepción de algunos colectivos, etc.
Ningún país de la Europa de los 15 -el grupo histórico de los principales países de la UE- tiene un sistema sanitario tan generoso como el nuestro. En España, los copagos se aplican únicamente a la prestación farmacéutica y no se habían modificado desde los primeros años de la democracia hasta el 2012. Entonces, en plena crisis, el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones» cambió mínimamente las normas relacionadas con la farmacia. En particular, los pensionistas, que siempre habían tenido los medicamentos gratis, empezaron a abonar un 10% del coste, con un máximo mensual en función de la renta: 8.24? para los que perciben menos de 18.000? al año; 18? para los que están en el tramo entre 18.000? y 100.000? y 60? para los que lo sobrepasan. Además, con la medida, 425 fármacos dejaron de tener financiación pública y el paciente empezó a pagar el coste total del producto. No obstante para largos tratamientos propios de los crónicos existe una lista (siempre discutible, pero para esto están los profesionales) de medicamentos para los cuales el paciente nunca paga más de 4,24 Euros con independencia del porcentaje de su copago personal.
Los cajones repletos de medicinas caducadas o sin utilizar son ejemplo de las desviaciones que tiene lo gratuito que pone en peligro un servicio público cuya sostenibilidad hay que defender con solidaridad y justicia social. Siempre en el trasfondo, una industria farmacéutica que tanto ha medrado entre algunos profesionales sanitarios a cuenta del dinero de todos.
El pasado uno de Mayo, la Consellera, tratando de justificar su política, escribió en este mismo periódico: «Según estudios realizados por prestigiosos especialistas en economía de la salud (aquí una referencia a un trabajo firmado desde Valencia) la entrada de los copagos rebajó casi el 7% el uso de anticoagulantes o el 8,3% el de estatinas en pensionistas que habían sufrido un infarto».
Lo que en realidad afirma Carmen Montón, citas académicas aparte, es que entre nosotros ha habido pensionistas que han sido tan inconscientes o irresponsables como que para ahorrarse mensualmente un máximo de 8,24? estuvieron dispuestos a poner en riesgo su tratamiento post infarto.
Se hace muy difícil aceptar que por el hecho que alguien decida ahorrarse estos Euros de su pensión, la reacción de la Generalitat tenga que ser liberar del copago a un millón de pensionistas, con todo el déficit que tiene y con la deuda acumulada.
No voy a juzgar la reacción suicida del jubilado citado, pero si hay que defender al estado de bienestar español, que decide asegurar la salud del infartado a cambio de tan módico esfuerzo personal. Supongo que decir este tipo de cosas será objeto de descalificaciones de algunos, pero ello no le quitará una pizca de demagogia al frívolo argumento de la Consellera.
Como reflexión final, imaginémonos la reacción de aquellos españoles de los colectivos citados que si afrontan el copago en otras Comunidades Autónomas, cuando el President Puig les pida comprensión y solidaridad con la GV, cuando se discuta el nuevo modelo de financiación autonómica.
