El mismo día en que el líder socialista Pedro Sánchez se reunía esta semana con Mariano Rajoy para elaborar un nuevo plan de salvación de España tras la enésima revitalización del desafío separatista en Cataluña sus compañeros de partido en las Corts Valencianes secundaban una iniciativa de Compromís para pedir el desalojo de los militares del antiguo convento de Santo Domingo en València y la transformación de esta joya del gótico en un museo o centro cultural gestionado por la Generalitat, tal como adelantó Levante-EMV en su edición del miércoles.
La propuesta, aprobada con el apoyo del tercer partido del Pacte del Botànic, Podemos, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP, ha desatado una fuerte polémica en torno al uso de un complejo catalogado como monumento nacional desde 1931 y mantenido en perfecto estado de revista por el Ejército de Tierra desde hace más de 175 años. No puede ser de otra manera cuando la Generalitat carece en este momento del más mínimo margen presupuestario para hacerse cargo de un complejo monumental, conservarlo y facilitar su acceso por parte de los ciudadanos, una cuestión, esta última, que ya está resuelta por el Ejército con visitas guiadas todas las semanas del año y jornadas de puertas abiertas como la multitudinaria cita de este fin de semana, prevista dentro del programa del día de las Fuerzas Armadas. Que el antiguo convento tenga el mismo número de visitas anuales que las Corts Valencianes, (unas 23.000 personas) desmonta la base de la reclamación de los diputados preocupados de que el recinto se dé a conocer. Las sedes de las dos instituciones están acogidas al programa de difusión cultural denominado ´Palaus transparents´ y están entre los que más visitas acogen, a pesar de ser dos centros de trabajo y de que en el recinto militar la seguridad prima tras 50 años de amenaza terrorista de ETA y 20 de desafío yihadista.
De las motivaciones que han llevado a los socialistas a apoyar la llamada desmilitarización del antiguo convento escribía ayer en estas mismas páginas el diputado y escritor Fernando Delgado. Su sueño es contribuir a hacer realidad un eje cultural del que formarían parte Santo Domingo, el Temple y el San Pío V, contenedores deseados por el parlamentario socialista para acoger las colecciones artísticas valencianas en un triángulo monumental.
El cuidado y moderado verbo de Delgado contrasta con la afilada pluma de los ponentes de la propuesta de desmilitarización, los diputados de Compromís Maria Josep Ortega y Josep Nadal, quienes en la justificación de su petición se declaran molestos porque en la sede de Capitanía se celebren actos solemnes de carácter militar (¡!) como la entrega de condecoraciones y despachos de ascensos; que las jornadas de puertas abiertas se conviertan en actos de "propaganda y apología militar"; y hasta que haya sido arrancado un sagrario de la iglesia del complejo. El lenguaje beligerante del preámbulo de una propuesta que se puede defender con legitimidad y con argumentos sólidos es el que ha alentado las sospechas de que no se pretende captar un monumento gótico para un nuevo espacio cultural, sino desacreditar a sus inquilinos militares como herederos de un ejército invasor y en un caldo ideológico similar al de la supresión de las corridas de toros en Cataluña: cuanta menos España, mejor.
En distintas ciudades del país, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas negocian con el Ministerio de Defensa reasignaciones de uso a espacios militares, en consonancia con la reducción de sus efectivos y de sus necesidades de superficie. Ese es el camino, la negociación, no la descalificación basada en premisas falsas, al margen de preguntarse antes si el convento de Santo Domingo estaría mejor en manos de una Generalitat quebrada que ocupado por otro poder del Estado que ha demostrado que cuida el bien y facilita su conocimiento por parte de los ciudadanos.
En este marco, no es extraño que frente a las declaraciones de adhesión a la propuesta de desmilitarización llegadas desde Mónica Oltra y Joan Ribó (Compromís) y desde Manuel Mata y Sandra Gómez (PSPV-PSOE) haya habido voces críticas, de apoyo a la labor de los militares, como la del mismísimo presidente de las Corts, el nacionalista Enric Morera, y una legión de referentes socialistas que consideran que el acuerdo del parlamento valenciano es un gol por toda la escuadra a la moderación y el perfil de estadista que cultiva el presidente Ximo Puig a un año de las elecciones autonómicas.
Pero si en la semana que termina el inmueble conventual ha dado que hablar, no ha sido menos protagonista el chalé de Galapagar (en la sierra rica de Madrid) que por 600.000 euros se han comprado Pablo Iglesias y la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. Sus partidarios defienden a la pareja y su derecho a vivir en una casa que pagarán con su dinero. Otros, como Mónica Oltra, se sacuden la polémica alegando que son cuestiones ´de la vida privada´ y los más, especialmente los suyos, contemplan estupefactos las imágenes del casoplón adquirido por quien presumía de comprarse las camisas en Alcampo, cuestionaba la fiabilidad de quien se iba a vivir a un ático del mismo coste (Luis de Guindos) o descalificaba a esos políticos que se van a vivir a lujosos chalés y se aíslan de los ciudadanos a los que sirven. Preso de sus palabras, Iglesias se expone ahora a la crítica generalizada y a la inquina de los muchos enemigos que ha cultivado en su todavía corta carrera política, tanto fuera como dentro de su partido, y anuncia que se someterá a una especie de cuestión de confianza entre los militantes de Podemos que puede llevarle a la dimisión. No sería extraño. Destacados impulsores del movimiento del que surgió el partido morado, en la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) cultivada en la Universitat de València, vienen subrayando desde hace meses que Pablo Iglesias ha desvirtuado el proyecto con maneras de político de partido viejo. Desde luego lo parece. Al menos en sus decisiones inmobiliarias, que llevan camino de acabar con su fulgurante ascensión.
El empeño por comprar la sede del Centro Excursionista
El Ayuntamiento de València que preside Joan Ribó también tiene caprichos inmobiliarios, como le sucede a algunos diputados de las Corts Valencianes con el convento de Santo Domingo y a Pablo Iglesias con el chalé de Galapagar. El equipo de gobierno local lleva prácticamente todo el mandato intentando comprar la que fue sede del Centro Excursionista, en el barrio del Carmen. Una entidad bancaria se quedó el edificio por impago de la hipoteca y como no hay acuerdo en el precio de adquisición el municipio ha decidido expropiarlo, una operación que le costará un millón y medio de euros, Es una auténtica lástima que el presupuesto municipal se destine a un recinto rehabilitado y con valor de mercado cuando hay tanto marcado por el deterioro en el mismo barrio y en el vecino Velluters. Cuando aún no se ha decidido un uso para el monasterio de la Roqueta, restaurado por el ayuntamiento, que es su propietario, y cuando no se ha sido capaz de abrir la biblioteca de Viveros, que fue casa para ga titos y acaba de ser abandonada por la constructora, empeñarse en comprar la sede del Centro Excursionista más parece un lujoso capricho que un proyecto razonable.
